Una veintena de parlamentarios británicos envió una carta al gobierno reclamando sanciones para ocho funcionarios del régimen chino y organizaciones del gigante asiático por su rol en la represión, la tortura y los abusos contra los uigures en Xinjiang.
La solicitud resalta que China ha formado una extensa campaña de represión que incluye esterilizaciones y abortos forzosos, trabajos forzados y “tortura y tratos inhumanos y degradantes” en los campos de internamiento de esta minoría musulmana.
Entre los funcionarios señalados están Chen Quanguo, Secretario del Partido Comunista Chino en Xinjiang, y Zhu Hailun, ex Secretario Adjunto del Partido, que han estado a cargo de los programas de vigilancia y adoctrinamiento.
“Dadas sus funciones y su aparentemente íntima participación en la supervisión e impulso de la campaña de represión, incluido el establecimiento de las políticas y procedimientos del sistema de internamiento, deben, como mínimo, haber conocido las actividades sancionables y, por lo tanto, tener un grado significativo de responsabilidad en ellas”, dice el informe de la ONG de derechos humanos Redress, enviado este martes a la Oficina de Asuntos Exteriores.
El reporte también identificó el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, una compleja entidad comercial y paramilitar que lleva adelante el sistema de trabajo carcelario e impulsa la industria algodonera local. Además, se acusó a la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang de tener un papel importante en la detención y vigilancia masiva de uigures y otras minorías.
Por ello, los diputados firmantes instan al secretario británico de Exteriores, Dominic Raab, a imponer sanciones que incluyen la congelación de sus activos y la prohibición de viajar, no solo como castigo, sino también para evitar nuevos abusos.
“Imponer sanciones sería una firme y oportuna a las noticias del último mes que las medidas usadas contra los uigures están ahora siendo utilizadas en el Tíbet, un recuerdo de que los abusos en las dos regiones están conectadas”, indicó la carta enviada por el parlamentario conservador Tim Loughton.
Los individuos y entidades señalados en la carta ya han sido sancionados por el gobierno estadounidense.
“Si se encuentra una violación, las sanciones del gobierno deben ser emitidas de manera completa y sin demora", añadió Loughton.
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