La ONG Human Rights Watch denunció este viernes la imposición de la pena de muerte en Irán a personas que tienen cargos relacionados con la participación en protestas contra la corrupción o el deterioro de la economía en el país.
Según la organización, los tribunales iraníes han dictado al menos cuatro penas de muerte desde finales de junio y ha denunciado que algunos acusados han tenido un acceso limitado a sus abogados e incluso han sido torturados o han abusado de ellos para obtener su confesión.
“La versión iraní de la ‘rendición de cuentas’ es aparentemente condenar a personas que han participado en protestas en juicios injustos en lugar de investigar la abrumadora evidencia del uso excesivo de la fuerza y la muerte de cientos de manifestantes que fueron asesinados a tiros”, sostuvo la investigadora de HRW en Irán, Tara Sepehri Far.
La ONG se opuso a la pena de muerte “en cualquier circunstancia” al considerar que se trata de algo “inherentemente cruel e irreversible”.
“Según las normas internacionales, todo el mundo tiene libertad de expresión y de reunirse pacíficamente según lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán forma parte”, sostuvo Human Rights Watch.
De esta forma, ha subrayado que se debe garantizar que cualquier acusado tenga acceso a un abogado en todos los procedimientos jurídicos, tanto en la investigación, como en las actuaciones previas al juicio y durante el mismo.
Asimismo, la organización también subrayó la necesidad de que las autoridades iraníes solo hagan uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, ya que los agentes deben reducir al mínimo los daños.
“Un juicio justo y un proceso adecuado son esenciales para cualquier persona acusada de un delito, pero en los casos en los que implica la pena de muerte, su falta puede conllevar una grave e irreversible injusticia”, concluyó Sepehri Far.
El caso del periodista Ruhollah Zam, condenado a muerte
Irán condenó a muerte a un periodista exiliado por su trabajo en Internet que ayudó a inspirar las protestas económicas a nivel nacional que estallaron a fines de 2017 en todo el país, dijeron las autoridades. Ruhollah Zam había regresado a la República Islámica en circunstancias poco claras y fue arrestado tiempo después.
El portavoz del poder judicial, Gholamhossein Esmaili, anunció la sentencia de muerte de Zam en junio, diciendo que había sido condenado por “corrupción en la Tierra”, un cargo que a menudo se usa en casos de espionaje o intentos de derrocar al gobierno de Irán. No quedó claro de inmediato cuándo se dictó la sentencia.
El periodista puede apelar su sentencia, emitida por un Tribunal Revolucionario. El nombre de su defensor público no se supo de inmediato.
Zam dirigió un sitio llamado AmadNews que publicó videos e información comprometedora sobre funcionarios iraníes. Estaba viviendo y trabajando en el exilio en París antes de ser convencido para regresar a Irán, donde fue detenido en octubre de 2019.
Entre las actividades consideradas “ilegales” por el régimen, gestionaba un canal en la aplicación de mensajería Telegram que propagó mensajes sobre las protestas en 2017 y compartió videos de la manifestación. Esto le dio una amplia notoriedad en ese momento, incluyendo entre las autoridades iraníes que querían terminar las movilizaciones.
La chispa inicial para las protestas de 2017 fue un salto repentino en los precios de los alimentos. Muchos creen que los opositores del presidente iraní Hassan Rouhani instigaron las primeras manifestaciones en la ciudad conservadora de Mashhad en el este de Irán, tratando de dirigir la ira pública hacia el presidente. Pero a medida que las protestas se extendían de pueblo en pueblo, la reacción se volvió contra toda la clase dominante.
(Con información de Europa Press)
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