La ley sobre seguridad nacional impuesta por China en Hong Kong otorga al régimen de Xi Jinping poderes judiciales sin precedentes en la ex colonia británica, en una clara afrenta del principio de “un país, dos sistemas”, compromiso asumido internacionalmente por Beijing.
El texto, promulgado el martes y ya usado este miércoles para detener a manifestantes, es considerado por sus detractores como el ataque más grave a las libertades de la “región administrativa especial” desde su devolución a China en 1997.
1. Cadena perpetua
La ley sobre la seguridad nacional, de 66 artículos, reprime cuatro tipo de crímenes: secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas exteriores y extranjeras, denominaciones habitualmente usadas como eufemismos para persecuciones políticas.
Los autores de infracciones graves se enfrentan a cadena perpetua o a penas de un mínimo de 10 años.
En el apartado de terrorismo, figuran delitos como el sabotaje de los medios de transporte. Durante las manifestaciones del año pasado, los participantes atacaron varias veces el metro de Hong Kong.
En la categoría “colusión con el extranjero”, serán castigados los actos “de incitación al odio hacia el gobierno de Hong Kong o de China” o “la manipulación o el sabotaje electoral”. Los condenados no podrán presentarse a elecciones ni ser empleados públicos.
2. Tribunales chinos competentes
El artículo 55 de la ley estipula que se pueden transmitir casos a la justicia en China continental, lo que abre una brecha en la independencia judicial de Hong Kong.
Se trata de aquellos que impliquen a "un país extranjero o elementos exteriores", una "situación grave" o una "amenaza mayor e inminente" para la seguridad del Estado.
La Corte Suprema china se encargará de designar el tribunal que juzgará dichos casos, aplicando el código de procedimiento penal chino. El sistema judicial chino se caracteriza por tener una tasa de condenas de más del 99%.
3. Juicios a puerta cerrada
En virtud del artículo 46, el gobierno hongkonés puede decretar procesos a puerta cerrada, de casos que involucren secretos de Estado. Serán juzgados por tres magistrados profesionales y sin jurado popular.
El jefe del Ejecutivo nombrará directamente a los jueces encargados de los casos de seguridad nacional.
4. Oficina de seguridad nacional
Pekín podrá abrir en el territorio autónomo una “Oficina de defensa de la seguridad nacional” que dependerá directamente del gobierno central, otra brecha a la independencia judicial.
"El gobierno de Hong Kong no tiene competencia [sobre este organismo] ni sobre su personal en el ejercicio de sus funciones", estipula el artículo 60.
Su tarea consiste en “reunir y analizar inteligencia e informaciones” y “ocuparse” de las infracciones sobre seguridad nacional.
5. Vigilancia de ONG y medios
Los poderes públicos tomarán “las medidas necesarias para reforzar la supervisión [...] de organizaciones no gubernamentales extranjeras o exteriores y órganos de información”, precisa el artículo 54. Ello pese a que el artículo 4 garantiza “la libertad de expresión, de prensa, de publicación, de asociación, de reunión, de procesión y de manifestación”
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