El régimen de Irán admitió la muerte de manifestantes por la represión policial a las protestas por el precio del combustible

La televisora estatal iraní reconoció por primera vez este martes que las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a “alborotadores” en varias ciudades en las recientes protestas por la subida de los precios del combustible, en una admisión de la violencia empleada para sofocar las manifestaciones.

El reporte formó parte de un segmento en el que se criticó a los canales internacionales en farsi por su cobertura de la crisis, que comenzó el 15 de noviembre.

Amnistía Internacional estimó que al menos 208 personas murieron en las protestas y en la represión posterior. La delegación iraní ante Naciones Unidas rechazó los datos de la ONG el martes por la mañana, aunque no ofreció pruebas para respaldar su desmentido.

Teherán no ha dado ninguna cifra general sobre las protestas que paralizaron la república islámica tras la subida en un 50% de los precios mínimos de la gasolina, subvencionados por el gobierno.

El reporte de la televisora estatal clasificó las muertes en cuatro categorías, indicando que algunos de los fallecidos eran “alborotadores que atacaron centros militares o sensibles con armas de fuego o cuchillos, o tomaron rehenes en algunos lugares”. El reporte describió a otros muertos como transeúntes, agentes de seguridad y manifestantes pacíficos, sin atribuir su muerte a nadie.

Por su parte, el poder judicial iraní calificó el martes de “mentiras absolutas” los balances de víctimas que fueron publicados, según ellos, por “grupos hostiles”.

“Anuncio explícitamente que los números y las cifras suministrados por grupos hostiles son mentiras absolutas”, dijo el portavoz del poder judicial, Gholamhossein Esmaili, en declaraciones difundidas por la televisión estatal. “Son cifras fabricadas, son mentiras”, agregó. El responsable explicó que en las listas “hay nombres de personas que están vivas y de otras que fallecieron de muerte natural”.

El régimen persa cortó el acceso a internet durante las protestas, impidiendo que la gente dentro de Irán compartiera sus videos e información y limitando la capacidad del mundo exterior de conocer la escala de las protestas y la violencia. En los últimos días han aparecido imágenes gráficas tras la restauración de la conexión en los últimos días.

“Hemos visto a más de 200 personas muertas en un tiempo muy corto, en menos de una semana”, dijo Mansoureh Mills, investigadora de Irán en Amnistía. “Es un suceso bastante inusual en la historia de violaciones de derechos humanos en la República Islámica”.

Aunque no llevó a tantos iraníes a la calle como las protestas por las disputadas elecciones presidenciales de 2009, las marchas por el precio de la gasolina se tornaron violentas más rápido que cualquier otra manifestación. Eso refleja el descontento económico generalizado en el país desde mayo de 2018, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso asfixiantes sanciones económicas tras abandonar de forma unilateral el acuerdo nuclear de Irán con potencias internacionales.

Se cree que Mahshahr, en la provincia suroccidental de Khuzestan, se vio muy afectada por la campaña de represión. La provincia petrolera, de población árabe, se queja desde hace tiempo de discriminación por parte del gobierno central iraní, y en el pasado se han producido ataques insurgentes contra oleoductos en la zona. Videos difundidos por internet que supuestamente se grabaron en la zona mostraban protestas pacíficas y choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Amnistía no desglosó las muertes por regiones, aunque señaló que “es probable que la cifra real sea más alta”. Mills señaló que había “un entorno general de miedo dentro de Irán en este momento”.

La delegación iraní en la ONU tachó los hallazgos de Amnistía como “sin fundamento”, sin entrar en detalles. “Una serie de grupos exiliados (y grupos de medios) se han atribuido o bien instigar a gente corriente a protestar y crear disturbios o han fomentado la anarquía y el vandalismo, o ambas cosas”, afirmó Alireza Miryousefi, portavoz de la delegación.

(Con información de AP y AFP)