José Alberto, el comerciante secuestrado, asesinado y calcinado por policías de Tijuana

Un par de policías de Tijuana secuestraron a un comerciante a quien robaron más de 40 mil dólares para después asesinarlo y quemar su cadáver en la ciudad fronteriza de Baja California.

José Alberto Cantero Ramírez, un empresario local de dulces, fue detenido a principios del mes pasado por Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, policías municipales que robaron la cantidad cercana al millón de pesos mexicanos para después desaparecer a su víctima, de quien no se supo nada durante cuatro semanas.

La Fiscalía de Baja California confirmó que los agentes locales arrestaron al comerciante la noche del pasado 1 de septiembre cuando conducía su vehículo particular en la carretera Transpeninsular y la calle 16 de septiembre de la colonia Libertad. Minutos antes, Cantero Ramírez salió de su casa en el Fraccionamiento Nueva Tijuana para concretar un pago pendiente de negocios. Pero no llegó a su destino porque fue interceptado.

“El occiso fue intervenido por elementos de Seguridad Pública Municipal, sin justificación alguna y de forma ilegal privado de su libertad”, precisó la dependencia ministerial en una conferencia ofrecida por el fiscal de la entidad, Ricardo Iván Carpio Sánchez.

Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto del secuestro. Según el reporte oficial, una patrulla de la corporación de seguridad marcó el alto al conductor para después ordenarle que bajara de su unidad. No se registró ninguna razón para el arresto, pero aún así el comerciante fue esposado y colocado en la parte trasera de la camioneta de los agentes, para después retirarse del lugar.

“El otro oficial condujo el automóvil del ofendido con rumbo desconocido”, había informado la fiscalía estatal el pasado 22 de septiembre, pero luego se supo que la camioneta de Cantero Ramírez en realidad fue localizada 11 días antes en la colonia Alemán de la Delegación Centro.

Los familiares de la víctima no supieron qué había pasado y al día siguiente acudieron a presentar su denuncia. El hombre de 40 años solo había salido por una situación relacionada con su negocio como dueño de un local de dulces del mercado Hidalgo de Tijuana. Los policías que hicieron la detención no informaron de nada a sus superiores ni consignaron el aseguramiento. Habían concretado la desaparición forzada.

Según los detalles revelados por el fiscal Carpio Sánchez, el comerciante fue asesinado el mismo día que fue secuestrado. Pasaron 11 horas para que se localizara su cadáver, pero entonces se desconocía que se trataba de la víctima de los policías. El cuerpo fue encontrado envuelto incendiándose en la colonia Burócratas Ruiz Cortines, cerca del ferrocarril de la delegación Mesa de Otay.

De acuerdo con reportes locales, los restos fueron ubicados alrededor de las 06:52 horas del 2 de septiembre. Estaba junto a las vías del tren y su familia se preguntaba qué había pasado y mientras tanto se emitió una ficha de búsqueda por su desaparición. Entonces pasaron 29 días para que pudieran indentificarlo luego de que las autoridades tomaran muestras genéticas de su madre y su hijo.

La Fiscalía de Baja California investigó el caso, recabó testimonios y localizó la cámara de seguridad de la zona, donde se mostraba cómo los policías efectuaron el arresto aquella noche. Así fue como solicitaron las órdenes de arresto contra Trinidad Martínez y Galaz González, quienes habían aprobado sus exámenes de confianza y se negaron a revelar el paradero de su víctima.

Los elementos de la corporación municipal fueron detenidos el pasado 22 de septiembre en sus casas. Al día siguiente, familiares y amigos del comerciante se manifestaron a las afueras de los juzgados penales de Baja California, cerca de la penitenciaría de la Mesa. Mientras se desarrollaba la audiencia inicial, exigieron justicia para que el caso no quede impune, pero hasta esa fecha no sabían en dónde quedó el cuerpo.

Durante las diligencias para cumplimentar la orden de captura se localizó un arma de fuego, billetes de distintas denominaciones en dólares y moneda nacional, que en conjunto sumaron entre 44 y 45 mil dólares aproximadamente. Ese dinero fue el que los agentes habían robado a José Alberto Cantero Ramírez.

“Dicha cantidad, de acuerdo a lo informado por parte de los denunciantes, la portaba la víctima con la intención de concretar un negocio pendiente, derivado de su actividad como comerciante”, reiteró el fiscal de la entidad en una rueda de prensa la noche del 30 de septiembre reciente.

Los presuntos responsables ya fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada y actualmente están bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras dure la etapa de investigación complementaria. Las autoridades han prometido que el caso no quedará impune.

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