El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, recibieron auto de formal prisión por parte de un juez federal, por delito de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, por la presunta relación de la pareja con Guerreros Unidos, uno de los grupos criminales que operan en esa entidad.
De igual manera, Felipe Flores Velázquez, quien fungió como secretario de Segurdad Pública de Iguala, durante la administración de Abarca, fue vinculado a proceso penal por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán, por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Se trata de quien fuera edil del municipio en el que la noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa.
De acuerdo con lo señalado por Milenio, mismas fuentes federales han dado a conocer que un testigo protegido, nombrado como “Juan”, apuntó a José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda como fueron señalados por el testigo protegido con nombre clave “Juan”, quien sería el exjefe de sicarios de Guerreros Unidos, de haber brindado protección a ese grupo del crimen organizado.
La nueva orden habría sido concedida a la FGR dos días después de que un juez federal absolviera a Abarca por la desaparición de los 43 normalistas (catalogada como un secuestro) pues señaló que no existían pruebas contundentes que demostraran su responsabilidad en dicho delito. La sentencia absolutoria fue dictada el 14 de septiembre por el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas.
Sin embargo, eso no fue suficiente para que el exalcalde de Iguala obtuviera su libertad inmediata, ya que existe la posibilidad de que la FGR apele la sentencia ante un Tribunal Unitario de Circuito.
Sumado a ello, José Luis Abarca enfrenta actualmente otros dos procesos penales, uno por delincuencia organizada y el otro por homicidio. Por tales motivos, permanecerá —junto con su esposa— en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde fue recluido hace ocho años, luego de ser detenido un 5 de noviembre de 2014.
Cabe recordar que luego de la absolución concedida la semana pasada a Abarca, numerosas organizaciones civiles, así como defensores de derechos humanos, señalaron la irregularidades e inconsistencias en el proceso que culminó con dicha determinación.
Uno de los elementos que resaltaron fue la incorrecta tipificación del delito en el proceso contra el exalcalde, ya que se hablaba de secuestro y no de desaparición forzada, por lo que la absolución habría sido responsabilidad no del juez que la otorgó, sino de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) dirigida en ese entonces por Jesús Murillo Karam.
Las más recientes investigaciones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), dadas a conocer por Alejandro Encinas —subsecretario de Derechos Humanos— revelaron el posible nexo de José Luis Abarca con el cártel de Guerreros Unidos mediante mensajes intercambiados por presuntos miembros del grupo criminal la noche del 26 de septiembre y los días siguientes.
En una de las conversaciones se puede observar que Gildardo López Astudillo —El Gil— se comunicó con Sidronio Casarrubias —El Chino— y le aseguró que “tuvieron una reunión con A1 y los asesores de México” y que “los licenciados y la gente de México” ya tenían “el circo armado”.
En dichos mensajes, según informó Encinas, A1 sería el código con el que los presuntos criminales se referían a José Luis Abarca.
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