Por su presunta participación en el homicidio de 15 personas -las cuales habrían sido torturadas- en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, un ex agente municipal de Huazantlán del Río fue vinculado a proceso.
El ahora imputado fue identificado como José Luis Chávez, a quien le dictaron prisión preventiva oficiosa por los delitos de feminicidio y homicidio calificado con ventaja. Además, se otorgó un plazo de dos meses para las investigaciones complementarias.
Hasta el momento, se ha logrado que otras dos personas sean sujetas a proceso penal por su presunta responsabilidad en los hechos, detalló la Fiscalía estatal.
En total fueron 13 hombres y 2 mujeres los que perdieron la vida en estos actos violentos ocurridos en 2020. De acuerdo con los informes, las víctimas habrían sido quemadas previo a su ejecución, pues los cuerpos presentaban contusiones y quemaduras parciales.
Este múltiple homicidio se llevó a cabo durante el transcurso del 21 de junio y madrugada del 22, en la agencia municipal de Huazantlán del Río, la cual se encuentra bajo la jurisdicción de San Mateo del Mar, según la causa penal 206/2020.
De acuerdo con el Ayuntamiento de San Mateo del Mar, los fallecidos se manifestaban pacíficamente como un acto de protesta por las supuestas detenciones ilegales que habrían sufrido en semanas previas, por parte de José Luis Chávez Salinas.
Las agresiones habrían sido orquestadas por un grupo armado encabezado por Camerino Dávalos Larrinzar, Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Sandoval, Marcelino Ramírez Nolasco e Iván Mateos López.
“Los hechos fueron respaldados por quien dice ser jefe de plaza de un grupo de la delincuencia organizada llamado Gualterio Escandón, alias “Gual Perol”, indicó el Ayuntamiento en un comunicado emitido el día del ataque.
Además del homicido de los 15 civiles, dicho comando armado irrumpió de manera violenta en los domicilios de varias ciudadanas Ikoots, como Okas Marissa Rangel, quien anteriormente había sido privada de su libertad junto a sus hijas menores.
La representación del pueblo indígena Ikoots indicó que el municipio de Huazantlán del Río se encontraba asediado por grupos criminales que se disputan el control del territorio, debido a su ubicación estratégica para el tráfico de personas indocumentadas y robo de combustible (conocido como huachicol).
Tras lo sucedido, se abrió la carpeta de investigación 19265/FIST/SALINA/2020 por el delito de homicidio calificado. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó los hechos y exigió al gobierno de Oaxaca el escalrecimiento de los mismos.
Cabe mencionar que según la versión de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el 22 de junio de 2020 se registró un “enfrentamiento entre pobladores de la agencia de Huazantlán del Río y de la cabecera municipal”, pero no abordaron las supuestas detenciones ilegales.
La primera captura se realizó un año después de lo ocurrido, en noviembre de 2021, contra un hombre identificado con las iniciales F.S.S. La segunda detención ocurrió en abril de este 2022 contra un masculino identificado como W.E.A.
A dos años de los hechos, la CNDH emitió la recomendación 54VG/2022 por las graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas, como la libertad, la igualdad, la integridad, la seguridad personal y la no discriminación en actos de reunión.
La recomendación fue dirigida a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, así como al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
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