La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, solicitó la comparecencia de Rogelio Jiménez Pons, ex responsable del Tren Maya, y de su sucesor Javier May Rodríguez, para que expliquen el cambio de ruta del proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En conferencia de prensa, la senadora panista indicó que, según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el trazo original no contempló la tala, remoción y trasplante innecesarios de más de 20 mil árboles que se localizaban sobre la carretera federal 307 Cancún-Tulum.
Por ello, declaró que Rogelio Jiménez Pons, quien se desempeñó como director general del Fonatur y responsable del proyecto del Tren Maya, debe informar al Senado de la República, entre otras cosas, las razones por las cuales se decidió llevar a cabo la tala de más de 20 mil árboles, sin estar autorizadas esas acciones.
Además, la integrante de Acción Nacional solicitó que se informe sobre qué personas físicas o morales fueron contratadas para llevar a cabo la tala o la remoción y trasplante.
Asimismo, pidió al actual director del Fonatur y encargado de la obra, Javier May, proporcionar el nombre de quién estuvo a cargo de la decisión de que el proyecto cambiara de ruta.
También, continuó la panista, el funcionario tiene que indicar cuál fue el sustento técnico para adoptar la decisión; en qué fechas se llevó a cabo la modificación, y qué personas físicas o morales fueron las encargadas de realizar el trabajo técnico.
Por último, la legisladora pidió conocer las estimaciones aprobadas y pagadas por los trabajos de tala o de la supuesta remoción y trasplante.
Cabe recordar que a principio del año, la también secretaria de la Comisión Anticorrupción presentó dos denuncias, una ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que se investigue y en su caso se castigue a los responsables de la remoción de cerca de 20 mil árboles para la construcción del Tren Maya.
En su momento, la senadora señaló que el tema es de extrema gravedad, no sólo por el daño ambiental que representa la remoción de árboles, sino también, porque “la tala o remoción no fue autorizada por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de noviembre de 2020 ni contemplada como pérdida forestal” en la información que ofrece el Fonatur en su portal de internet.
Los servicios de remoción, añadió, no debieron haberse contratado ni pagado si no se contaba con la MIA, como lo establecen la Ley de Obras Públicas y la Ley General del Equilibrio Ecológico.
La legisladora lamentó que Fonatur haya intentado aclarar que los 20 mil árboles que se encontraban en el camellón de la carretera federal 307 no hayan sido talados, sino rescatados y trasplantados en diversos lugares de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún.
“Como prueba presentaron un video, el cual no muestra que algún árbol se haya embancado. Incluso, algunos, por su tamaño, debieron tener al menos 2 metros de tierra, pero quedaron expuestos sin protección”, advirtió.
Finalmente, Gálvez recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona como desvío de recursos cuando se utilicen sin fundamento jurídico o en violación de leyes aplicables.
Mientras que el artículo 214 del Código Penal Federal castiga hasta con prisión de dos a siete años el daño a los lugares que un servidor público tenga a su cuidado, y el artículo 418 sanciona con prisión de seis meses a nueve años a quien ilícitamente corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles.
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