La Fiscalía General de Justicia de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, luego de que se presentaran denuncias por posibles hechos de corrupción y delitos relacionados con la renta de una casa ubicada Houston, Texas, la cual, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), podría estar ligada a presuntos conflictos de interés.
Esto luego de que se diera a conocer que dicha mansión es propiedad de un exejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual trabaja en algunos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el actual gobierno.
Según el medio digital, Animal Político, autoridades federales confirmaron la apertura de dicha carpeta de investigación a partir de las denuncias que el Ministerio Público Federal ha recibido. Cabe señalar que una de ellas fue la que hizo el PAN el pasado 3 de febrero.
De hecho Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ser “implacable” ante la denuncia presentada por su partido en contra del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Según dicho medio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, se encargará de llevar el caso, y actualmente está elaborando el plan de investigación que se llevará a cabo en este caso y definiendo la información que será solicitada a diversas entidades.
La investigación inició dadas las denuncia presentadas ente el Ministerio Publico, el cual tiene la obligación dar seguimiento a las mismas, sin embargo, no prejuzga que se hayan cometido los presuntos delitos. Asimismo, de llegar a encontrar elementos que pudieran acreditar un delito, se presentarían las imputaciones correspondientes ante un juez, y de no ser el caso, se cerraría la indagatoria.
El caso de la “Casa Gris”
“El que nada debe, nada teme (...) Si van a presentar denuncias, que le den curso”, comentó este 21 de febrero, en en su conferencia matutina el presidente López Obrador, tras asegurar que “no tendría problema” en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de iniciarse un proceso contra José Ramón.
El pasado 20 de febrero, el periodista Julio Astillero compartió unos documentos en los que se probaría la validación del contrato de arrendamiento entre Carolyn Adams y Keith y Lauren Schilling, información que podría desechar la teoría de un presunto delito por parte del hijo del mandatario mexicano.
Aunado a ello, José Ramón López Beltrán también compartió las copias de los contratos e indicó que con estas presuntas pruebas “se desmiente la campaña contra la familia del hijo de AMLO”.
Cabe aclarar que Astillero indicó que dicha información aún deben de pasar por una prueba de confirmación, es decir, explicó que lo ideal sería que se muestre la validación del contrato y del pago mensual que se dieron entre agosto de 2019 y julio de 2020, fecha en la que dura el contrato que se mostró.
En medio de la polémica, este 21 de febrero, un informe entregado a la Cámara de Diputados, el pasado 20 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó casi de 40 mil millones de pesos en irregularidades de la Cuenta Pública 2020, correspondiente a la suma de dos entregas anteriores. Ante ellos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que dicho informe “es preliminar”, y dijo, las cifras se aclararán conforme las siguientes ediciones.
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