El vocero de la Presidencia de la República Jesús Ramírez Cuevas comentó que las acciones que emprenda la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los 31 investigadores y científicos denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no es responsabilidad de su directora, María Elena Álvarez-Buylla.
El funcionario destacó que el Gobierno de México no se dedica a perseguir a científicos, sin embargo señaló que no será complice de toda aquella persona que trate de afectar el patrimonio de la sociedad mexicana.
“Las acciones que emprenda la @FGRMexico no son responsabilidad ni atribución de @Conacyt_MX; su directora @ElenaBuylla no tiene causa legal en contra. El @GobiernoMX no persigue a científicos ni a nadie pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, escribió Cuevas a través de su cuenta oficial de Twitter.
Asimismo detalló que en 2018, ante la llegada de la Cuarta Transformación (4T), se cambiaron las reglas para el financiamento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), ante ello, según informó el funcionario, este presionó al Conacyt para recibir 33 millones de pesos, lo que desencadenaría una mesa de dialogo con el Consejo.
De acuerdo con Ramírez Cuevas, el Foro se negó al dialogo con el Conacyt por lo que comenzó una estrategia política.
“Ahí comenzó el conflicto. El @Conacyt_MX inició mesas de diálogo con el Foro Consultivo y lo invitó a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo; el Foro se negó y comenzó una estrategia política y jurídica y se amparó ante un juez”, sentenció Ramírez Cuevas.
Por otra parte reveló que el Foro gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios.
Las declaraciones de Ramírez Cuevas surgieron luego de que Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, determinara que los 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Conacyt operaron bajo las reglas previstas por la ley.
El juez señaló que el FCCyT ha operado bajo las reglas previstas por la ley, y según su resolución, misma que surgió de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de los numerales 22 y 24 del Estatuto Orgánico del Conacyt, no hay motivo para llevar a cabo dichas órdenes de aprehensión en contra de los académicos.
“De esta manera, todos los hechos que invoca la fiscalía (General de la República) en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho foro y en el estatuto entonces vigente”, estipula la resolución.
Sin embargo, el juez sólo analizó el tema referente al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y a partir de ello resolvió que se debe negar la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía.
Por su parte la FGR decidió que no apelaría a la decisión del juez federal, sin embargo, sí mantendrá abierta la indagatoria en su contra, misma que podría proceder en cualquier momento.
Autoridades judiciales aseguraron que no existe un plazo límite para que el Ministerio Público resuelva si el caso se cierra o no.
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