Luego de que este miércoles se diera a conocer que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue vinculado por la Fiscalía General de la República (FGR) a un red de lavado de dinero, las reacciones de diversos actores políticos no se ha hecho esperar y hay quienes incluso exigen que la nueva ley de juicio político sea estrenada con el también exfutbolista.
Por ejemplo el senador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Germán Martínez, quien hizo la propuesta de estrenar la Ley de Juicio Político y Declaración de Juicio de Procedencia, que acaba de ser aprobada, para desaforar a Cuauhtémoc Blanco, argumentando que las acusaciones en contra del exfutbolista son bastante graves.
Y es que el exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador del estado de Morelos, fue denunciado por su presunta participación en una red de lavado de dinero y manejo inexplicable de recursos, de acuerdo con informes de la prensa mexicana publicados este miércoles.
El Gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción del estado por supuestamente ocultar el origen, la propiedad y el destino de recursos millonarios junto con dos familiares y otros trabajadores. Debido a que el dinero fue triangulado en diversas cuentas bancarias, si la investigación continúa se podría configurar una acusación contra el ex americanista por el supuesto delito de lavado de dinero.
Cabe destacar que otro de los implicados es su medio hermano, Ulises Bravo Molina, quien no ha sido funcionario en la administración. Sin embargo, se le conoce como el señor 20% por ser quien solicita “moches” de dinero para aprobar contratos de obra pública o concesiones, de acuerdo con información de la Agencia de Noticias de Proceso (Apro).
En la denuncia interpuesta por el abogado Enrique Paredes Sotelo y entregada a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos contra Cuauhtémoc Blanco también están implicados Edgar Riou, un primo que además era su secretario particular, y Jaime Tamayo, amigo y colaborador.
En el expediente quedó asentado que Blanco, Bravo, Riou y Tamayo “presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos”.
La acusación señala movimientos financieros realizados entre 2016 y 2018, lapso en el que Cuauhtémoc Blanco desempeñó el cargo de presidente municipal de Cuernavaca, capital de Morelos, estado que empezó a gobernar a partir de 2018.
En el expediente quedó asentado que Jaime Tamayo ha realizado depósitos millonarios en tres instituciones bancarias, una de ellas es Inbursa “donde registró depósitos por 43,6 millones de pesos y retiros por 40,2 millones de pesos” otro de los bancos utilizados es Santander donde “de agosto de 2016 a octubre de 2018 registró depósitos por 505.4 millones de pesos”, y el otro banco es Banamex.
La red de lavado de dinero y las cuentas millonarias a las que se ha vinculado al exfutbolista, fueron detectadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Por otro lado, el pasado lunes, con 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado de la República, aprobó en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la cual reemplazará a la Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos.
La Cámara de Senadores emitió un voto unánime, en el que las bancadas de Morena, PRI, PAN, PRD, MC, PT, PES y PVEM unificaron criterios al modificar la terna que recibieron de la Cámara de Diputados, por lo que se marcó un precedente notable en lo que va de la LXV Legislatura.
La nueva ley tendrá como objetivo ampliar el margen jurídico de la Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos, y establecerá un proceso más ágil para proceder contra las y los funcionarios que sean procesados por la justicia mexicana.
Como el dictamen que recibieron de la Cámara de Diputados sufrió alteraciones, éste se regresó a San Lázaro para ser ratificado, tal como dicta el proceso del poder legislativo; sin embargo, cabe destacar que las alteraciones que sufrió el oficio fueron suscritas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, con lo que se vivió un talante de diálogo entre posturas ideológicas que no se había visto en el sexenio.
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