Hasta el pasado mes de abril, más de 234 candidatos del actual proceso electoral habían sido amenazados, según las autoridades federales. Algunos denuncian, pero otros no.
Este viernes, trascendieron las advertencias a la candidata de Morena a la alcaldía de Pungarabato en Ciudad Altamirano, Guerrero, Francisca Baltazar Bravo. La aspirante adujo “motivos personales”. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que Francisca fue amenazada y se retiró.
Si la advertencia vino de frente no hay que quebrarse la cabeza para saber quién es el autor, advierten los medios locales quienes aseguran, se trató de los cárteles de la droga en Guerrero.
A Guerrero la sangre al río ha llegado abundante y hasta se han tenido que tomar acuerdos. Otro caso reciente es el del alcalde morenista del municipio Zirándaro y candidato a diputado local por la vía plurinominal, Gregorio Portillo Mendoza, quien fue levantado con dos de sus escoltas. Después de unas horas fueron liberados. Según el propio político, los secuestradores pertenecían a una organización delictiva.
El aspirante —vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—renunció a su diputación.
Erik Ulises Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cocula, encabezaba un mitin cuando un comando armado irrumpió y disparó a quemarropa. Ramírez interrumpió su campaña por unos días y regresó hasta recibir la protección del gobierno.
Comunitarios: decepcionados e incrédulos
Las policías comunitarias en Guerrero (en la costa Pacífico) se han vuelto sordas ante los halagos de los políticos mexicanos. Para ellas todos son iguales y sobre todo, ninguno cumple sus promesas. Es por eso, que los miembros de la Policía Comunitaria Fracción Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Consejo Indígena Popular del estado de Guerrero, amagó con impedir la instalación de las casillas electorales en 24 pueblos.
La justificación de las autodefensas tiene que ver con que los tres niveles de gobierno han sido omisos de atender las denuncias de los pobladores de la Montaña Baja de Guerrero, que sufren ante el acecho del grupo criminal Los Ardillos, una célula delictiva que pretende la tierra y la mano de obra para el cultivo de la goma de opio.
Además, sostienen que cualquier partido que llegue al poder, la comunidad de 600 habitantes, sigue en la misma situación de exterminio por parte de grupos narcoparamilitares.
Los policías aseguraron que este viernes tomarían las carreteras que van de Chilapa de Álvarez a José Joaquín de Herrera y la de Chilapa de Álvarez a Tlapa de Comonfort. Antes del 6 de junio —día de las elecciones— las policías pretenden llegar a un acuerdo con las autoridades.
Mientras los candidatos se acusan mutuamente de una “guerra sucia”, abajo, en el fondo, se vive una crisis de violencia. Desde hace dos años en Guerrero, la policía comunitaria ha forzado el pulso contra el crimen organizado con la estrategia de armar a los niños.
Este grupo de civiles armados tiene una larga tradición en la entidad que se ha extendido a medio país. Su objetivo es armarse para protegerse de los peligros que los acechan, sobre todo el asedio de los cárteles de la droga.
La ausencia del Estado en la Montaña Baja de Guerrero es manifiesta, incluso se podría decir que están en el abandono, pues las autoridades han optado por dejar que las comunidades indígenas se gobiernen sin ayuda.
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