SFP rechazó acusaciones de obstaculizar, resistir y negar datos en el proceso de fiscalización

La Secretaría de la Función Pública (SFP) respondió a las recientes notas periodísticas en las que se retoma un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) donde se les señala de mala praxis.

En dicho informe, denunciaron que durante una de las autorías, la SFP mostró resistencia y hasta negación para “el desarrollo de las operaciones de fiscalización”, de acuerdo con el medio Animal Político.

Al respecto, la dependencia liderada por Irma Eréndira Sandoval publicó ciertas precisiones a través de un comunicado.

Según Raymundo Alva Huitrón, director general de comunicación social de la SFP, se atendieron “en tiempo y forma todos los requerimientos de información, y se proporcionaron toda la evidencia para atender las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2019″.

Por ello, aseguró que no existe ningún oficio en el que se haya dado una respuesta negativa para cualquier entrega de información que haya venido de dicha dependencia, y “tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor”.

En este contexto, reveló que “siempre hubo total disposición de colaborar en apego a las mejores prácticas de auditoría”, por lo que aclararon algunos puntos con el objetivo de “no desinformar a la sociedad”.

En primera instancia apuntaron que “es falso que se hubiera retenido información para los auditores. En los casos de excepción, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de manera fundada y motivada las razones que justificaban dicha imposibilidad”.

Por otra parte, insistió en que “en ningún momento la Función Pública negó acceso a sus expedientes”. Y como ejemplo mencionó que “se pusieron a disposición de la ASF los más de 30 mil expedientes de investigación que requirió para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, a fin de que verificara que se cumple con el debido proceso; sin embargo, la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión”.

Por último, declaró que es información incorrecta que se negara la comparecencia de servidores públicos. “Sobre la solicitud de realizarles entrevistas, se expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente éstas no forman parte de la auditoría; sin embargo, no hubo respuesta por parte de la ASF”, sentenció.

Por otra parte, retomaron las palabras de Irma Eréndira Sandoval, quien aseguró que desde la ASF nunca se emitió “ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni ninguna solicitud de aclaración hacia nuestra Dependencia”; por el contrario, revelaron, lo único que recibieron fueron “recomendaciones para fortalecer el control interno, las cuales tomaremos en cuenta con total responsabilidad a fin de alcanzar mejoras en la operación”.

“Es importante hacer notar que, como subrayó el propio auditor superior en su informe a la Cámara de Diputados, las condiciones de fiscalización fueron extraordinarias en 2020, y limitaron la capacidad de los auditores, así como de los sujetos auditados, para acceder a la información requerida. En este sentido, la Administración Pública Federal (APF) siempre procuró dar cumplimiento a todos los requerimientos de información”, insistieron a través de un comunicado.

Por último, aseguraron que el la secretaría inició en 2019 la transformación institucional, lo “que ha implicado la construcción de un nuevo andamiaje normativo y organizacional que inició en los primeros minutos del actual gobierno y por su magnitud aún continúa”, pero, aseguraron, dicha situación “no fue considerada suficientemente en algunas auditorías a las que las Dependencias y entidades de la APF seguirán dando atención con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública”.

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