Patricia Fernández Franco, jueza sevillana, ordenó iniciar el proceso de nueve personas investigadas por el caso de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial Grupo México-Minorbis.
De este modo, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla inició el auto contra la empresa mexicana a pesar de que uno de sus competidores, Emérita Resources España, hubiera realizado una oferta económica mayor.
En un oficio con fecha del lunes 8 de febrero y rescatado por Europa Press, se especifica que la versada en derecho ordenó el procesamiento de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la empresa Magtel cuya sede originaria es Córdoba.
También se inició la investigación contra Vicente Cecilio Fernández Guerrero, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); María José Asensio Coto, ex directora general de Minas de la Junta de Andalucía; y Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza, quienes colaboraban como funcionarios de la Junta de Andalucía.
Aunado a este listado, también se procedió contra Iván Maldonado, ex jefe de Servicio de Minas de la Junta; y Salvador Camacho Lucena, ex secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla.
Bajo este contexto, la jueza Fernández Franco ordenó que se siguiera el caso por la probable comisión del delito de prevaricación administrativa. Dicho delito se produce, de acuerdo con las leyes españolas, cuando “un funcionario o autoridad pública, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Esa resolución afecta, por lo tanto, a los derechos de los ciudadanos o al interés general”.
De este modo, se da paso a la Fiscalía para que en un periodo no mayor a 10 días, “formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa”, señaló Europa Press. Aunado a esto, se explica que la denuncia fue interpuesta desde 2015 por la empresa Emerita Resources España por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados al otorgamiento de la concesión para la explotación de la mina sevillana Aznalcóllar.
En ese año, la compañía denunciante señaló una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación a Grupo México-Minorbis, esto porque especificó que la oferta ganadora no cumplía con los requisitos establecidos por las bases, ya que esta era una oferta menos rentable. También evidenció que los miembros de la mesa técnica que aprobó el concurso fueron ascendidos en las fechas próximas después de su determinación.
Como parte de su argumentación, postularon que los hermanos López Magdaleno intervinieron en favor de la firma mexicana por el vínculo de amistad con Vicente Fernández Guerrero.
Aunado a esto, Juanjo Carmona, representante de la organización ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en Sevilla, había manifestado en una entrevista para Aristegui Noticias su extrañamiento tanto a la reapertura de la mina como a su designación a Grupo México, pues la compañía americana tiene un historial oprobio de catástrofes ambientales, como lo ocurrido en 2014 con la mina Buenavista del Cobre, que derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22,000 personas; y, por el otro lado, la explotación de la mina, en 1998, generó el daño ecológico más devastador que se haya registrado en toda Europa al afectar una reserva ecológica y grandes extensiones de cultivo.
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