
Luego de las declaraciones que dio Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), respecto a la detención de Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla (2005-2011) y presunto responsable del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, la propia afectada señaló este viernes que el papel que está jugando la funcionaria federal es “un poco vergonzoso”.
Y es que en noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decidió desestimar una investigación en contra del llamado Góber Precioso por su presunta participación en las violaciones a los derechos humanos de Cacho. En aquel entonces, Sánchez Cordero fungía como ministra, por lo que su voto fue crucial.
“El voto fue de seis ministros. Yo no pude haber cambiado mi voto. En este caso, lo que hice fue hacer un recuento, una relatoría, desde el momento de su detención hasta que quedó en libertad”, aseguró en conferencia matutina la titular de la Segob, refiriendo que únicamente hay una versión estenográfica de la resolución.

Al respecto, en entrevista para Grupo Fórmula, Lydia Cacho aseveró que de los otros ministros no esperaba una votación a favor de ella como mujer, pero de Sánchez Cordero sí, por lo que rompió con su discurso de equidad de género.
“Yo no estoy hablando de los otros ministros. Estoy hablando de la única ministra de la Suprema Corte de Justicia que en ese momento decía abanderar la causa de las mujeres, la equidad de género y de las niñas y niños de México [...] Ella construyó su carrera judicial alrededor de ese discurso de equidad. Y, en nuestro caso, lo destruyó por completo”, expresó.
Cabe mencionar que en enero de 2019, ya bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano ofreció disculpas públicas a Cacho por los actos de tortura de los que fue víctima hace más de 14 años; evento en el que Sánchez Cordero brillo por su ausencia.
Explicó que la votación de la exministra implicó que no se pudiera desaforar a Marín Torres. “Si ella hubiese votado a favor, que era lo que esperábamos, implicó que no pudimos hacerle el juicio a Mario Marín para sacarlo de la gubernatura y llevarlo a las cortes como un ciudadano común. Quitarle el fuero”, puntualizó.
Finalmente, manifestó que falta por detener a otros personajes que participaron y protegieron la red de pederastia y lavado de dinero, entre los que incluyó al exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y al ex senador y diputado priista, Emilio Gamboa.
Horas más tarde y a través de su cuenta de Twitter, Cacho volvió a arremeter contra la secretaria de Gobernación, pues criticó que defendiera la realización de un juicio justo en contra del ex gobernador priista, algo que “no ocurrió” cuando ella pasó por ese proceso tras ser torturada.

En 2005, Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén que tanto Marín Torres como su ex subsretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, y el empresario textilero Kamel Nacif, eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.
Meses después de su publicación, Cacho fue detenida. Los delitos por los cuales se le acusó fueron de “difamación y calumnias”. Este procedimiento se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo y la llevaron desde Puebla vía terrestre.
Posteriormente, la periodista contó que en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella. También señaló que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso.
Incluso, detalló haber sido encerrada en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. El 17 de diciembre de ese año la periodista salió libre, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.

No obstante, en febrero de 2006, se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaron la confabulación entre ambos para la detención de Lydia.
El “Góber Precioso” fue detenido el pasado 3 de febrero por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la casa de su hermana, ubicada en el Puerto de Acapulco, Guerrero.
Un día después compareció ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cancún, Quintana Roo.
Sin embargo, Marín Torres se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica.
Además, pidió seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecer una supuesta enfermedad del riñón, el peligro de contagio de COVID-19 en el Cereso de Cancún y su edad avanzada, pero esa petición le fue denegada por el juez.
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