A principios de diciembre colectivos y activistas de familiares desaparecidos encontraron al menos 14 fosas clandestinas dentro del municipio de Acámbaro, Guanajuato, uno de los Estados más azotados por los cárteles de droga y del “huachicol” (robo de hidrocarburos) en México.
Al final de la calle Leona Vicario, en las faldas del Cerro del Toro, hallaron una construcción abandonada. Comenzaron a picar la tierra. Para el 8 de diciembre habían localizado 14 fosas y 35 bolsas con restos humanos. Dichos restos se hallaban semienterrados a menos de 50 centímetros de profundidad. No había manera de determinar ni el sexo ni la edad de las personas que habían sido desmembradas e inhumadas ahí, aunque dos jóvenes que habían sido reportadas desaparecidas fueron reconocidas por sus tatuajes.
Para el 21 de diciembre se habían exhumado 38 fosas, 104 bolsas, 15 cuerpos completos. Y apenas 45 días antes, grupos de búsqueda habían hallado detrás del rastro municipal de Salvatierra, en un lugar conocido como el Rancho San Juan 56 cuerpos enterrados.
A fines de 2019 Acámbaro fue señalado como el municipio más peligroso de México, con una tasa de 95 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. La violencia había crecido a tal punto que el municipio se quedó sin director de Seguridad Pública.
El 11 de julio de ese año, a la medianoche, atacaron la casa del entonces comisario de seguridad, Jaime Nicasio Valdés.
Un comando llegó al domicilio del funcionario para ejecutarlo. A las puertas de la casa se hallaba su escolta, el oficial José Miguel Sandoval Sosa, quien logró impedir que los sicarios entraran, pero perdió la vida en el tiroteo.
A raíz de este asesinato, 90 elementos de la fuerza operativa municipal se declararon en paro. Exigieron la remoción de Jaime Nicasio, a quien acusaron de tener compromisos con grupos criminales y de abandonarlos a su suerte.
El alcalde de Acámbaro, el morenista Alejandro Tirado Zúñiga, removió al funcionario y nombró en su lugar a Pedro Gutiérrez Ávila, a quien se había detenido ocho años antes por presuntos nexos con el narcotráfico. El escándalo provocó el cese de Gutiérrez antes de que cumpliera 24 horas como director interino. Se nombró en su lugar al comandante Alejandro Rangel, pero solo duró cuatro días.
El 22 de julio de 2019 un grupo armado lo alcanzó en una avenida y lo acribilló, al lado de su hija de 18 años. El alcalde Tirado atribuyó los hechos a “la descomposición social” y dejó como encargado del despacho a Jorge Valtierra Herrera.
Cinco meses más tarde, el 12 de diciembre, Valtierra salió de su domicilio en la colonia Los Malayas, acompañado por sus escoltas. Eran las 7 de la mañana.
Ya lo estaban esperando los ocupantes de una Honda CRV de color gris. Los escoltas del director de seguridad contestaron el ataque y lograron herir a algunos de los agresores. Pero Valtierra recibió varios tiros en el cuerpo, y uno en la cabeza. Fue conducido a un hospital: perdió la vida a los pocos minutos de entrar a Urgencias.
A nivel estatal, han desaparecido 2,369 personas desde el 2009. Durante el mismo periodo, alrededor de 11 años, han sido encontradas, por lo menos, 215 fosas clandestinas.
Sin embargo, la problemática incrementó de manera significativa en los últimos dos años: fueron desaparecidas la mitad del total y se localizó el 80% (164) de las fosas.
Cabe mencionar que, dicho periodo coincide con el inicio de la batalla por el control del territorio entre el cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), liderado por el hoy preso José Antonio Yépez “El Marro”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.
Incluso, hace unos meses la Asociación Civil Semáforo Delictivo colocó a Guanajuato y a otras cuatro regiones más (Colima, Baja California, Zacatecas y Quintana Roo) en las entidades federativas en rojo o doble rojo en delitos cometidos por el crimen organizado.
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