Vincularon a proceso a cuatro implicados por el accidente aéreo donde murieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

El caso de la muerte de la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo en 2018, continúa avanzando, pues un juez de control en Cholula dictó la vinculación a proceso en contra de los cuatro implicados que fueron detenidos el pasado 25 de diciembre.

Durante la audiencia inicial del caso, ocurrida el 29 de diciembre, el juez determinó que los argumentos presentados por la Fiscalía General de Puebla eran suficientes para comenzar el proceso penal en contra de José Antonio “N”, dueño del taller Rotor Flight Services, encargado del mantenimiento de la aeronave con matrícula XA-BON, así como los empleados Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”.

Los delitos por los cuales fueron acusados son homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones. Sin embargo, los abogados de los empleados mencionaron que notificaron a la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, dueña de la aeronave, sobre las fallas en el sistema de estabilidad, por lo que no podía volar.

Asimismo, argumentaron que estos imperfectos los reportaron 11 días antes del accidente y que la empresa era la responsable de autorizar el reemplazo de la pieza para reparar la aeronave y así esta pudiese volar sin complicaciones. Sin embargo, detallaron que la pieza nunca se cambió e incluso se realizaron un par de vuelos antes del accidente.

Los litigantes también destacaron la responsabilidad del piloto, pues él era “la máxima autoridad en el momento del despegue. Si él consideraba que había algún tipo de desperfecto, inmediatamente tenía todo el derecho de no volar, así fuera el presidente de la República”, rescató Noticieros Televisa.

Tras conocer y analizar los argumentos, el juez tomó la decisión de dictar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que tres de los implicados fueron trasladados al penal de Huejotzingo. José Antonio “N”, sin embargo, permanecerá en el centro de detención de San Miguel.

A las afueras de la Fiscalía de la entidad, familiares de los detenidos se manifestaron en contra de la determinación de las autoridades, pues señalaron que son inocentes, además de que están siendo utilizados como “chivos expiatorios”.

Cabe mencionar que la Fiscalía también informó sobre la detención de un quinto implicado en el accidente aéreo. El sujeto, identificado como Miguel “N”, también trabaja en el taller Rotor Flight Services e igualmente fue imputado por los mismos delitos que sus colegas.

Este accidente sucedió el 24 de diciembre de 2018 en Coronango, Puebla. Según el dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ocasionó debido a que uno de los actuadores lineales de alabeo, que son los que mueven las aspas y dan estabilidad a la aeronave, tenía dos tornillos sueltos.

Esto provocó que el helicóptero se invirtiera en vuelo, luego se impactara contra el suelo y posteriormente se incendiara. “Fue la pérdida de control de la aeronave debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando y provocó el impacto”, dijo el entonces secretario, Javier Jiménez Espriú.

También señaló que al analizar la bitácora de vuelo, se encontró que el 13 de diciembre, 11 días antes del accidente, estaba dañado el actuador lineal del sistema de aumento de estabilidad número dos y necesitaba reemplazo; sin embargo, la aeronave siguió operando. “El helicóptero debía estar en tierra. No debía volar”, puntualizó el funcionario.

Por otra parte, durante la audiencia también se dio a conocer que la señora Agustina Flores, dueña del predio donde cayó el helicóptero, exige el pago de 237,000 pesos por la pérdida de su cosecha de maíz y por los daños causados a su terreno.

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