La organización Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA) y la consultoría inglesa Control Risks afirmó en un estudio que la lucha contra la corrupción del presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha sido solamente un discurso sin acciones.
De acuerdo al documento, la “Cuarta Transformación” no ha logrado registrar cambios significativos en la detección, el castigo, y la prevención de actos corruptos desde su comienzo en el 2018, y que el país “se ha estancado”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de poner 'fin a la corrupción’, y el tema se ha mantenido firmemente en lo más alto de la agenda de su gobierno. Sin embargo, el índice 2020 muestra que, en la práctica, no ha cambiado mucho para México; de hecho, el país se ha estancado, manteniendo una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción”, señaló el estudio.
México registró una calificación de 4.55 puntos de una escala de 10: una cifra menor a la publicada durante el 2019, cuando marcó 4.65 puntos, de acuerdo al índice 2020 sobre las capacidades de los Estados de América Latina para combatir la corrupción, que incluye datos de instituciones como el Foro Económico Mundial, la Unesco, y el Banco Mundial.
Los 15 países latinoamericanos que aparecen en la lista suman, en conjunto, el 95% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región. México se encuentra en el octavo lugar. Uruguay, con 7.78 puntos, está en el primer lugar, y Venezuela, con 1.52, en el último.
Para el índice se analizaron 14 disciplinas en los sectores de fortalecimiento de la sociedad civil y capacidad legal e institucional: México se registró por debajo del promedio en Latinoamérica en nueve de los rubros. Su mejor nota trata sobre la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, y las peores sobre los procedimientos legales y la independencia de investigación de la Oficina de la Fiscalía.
De acuerdo al reporte, López Obrador “entre otras tendencias preocupantes”, ha aumentado la discrecionalidad del gasto público, desestimado controles para progresar la gobernabilidad, e ignorado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Además, señaló que el estancamiento del país se debe a múltiples factores: “Uno de los más importantes es la falta de avance en las reformas institucionales a largo plazo. AMLO ha basado principalmente su campaña anticorrupción en torno a su capacidad personal para erradicar el problema”.
“Las calificaciones de México sobre autonomía y eficiencia de agencias anticorrupción disminuyeron. En algunas variables sobre capacidad legal, como independencia y eficiencia del sistema judicial, México aparece significativamente por debajo de países como Perú, Colombia y Brasil, y cercano a Guatemala y República Dominicana”, informó el análisis.
Los ataques del mandatario a las OSC del país ha provocado que las campañas anticorrupción, creadas por la sociedad civil desde el 2018, hayan perdido potencia, y recordó que la transición hacia el sistema penal acusatorio puede llevar a cambios significativos en la aplicación de la ley contra la corrupción. Sin embargo, advirtió que el desvío de recursos para luchar contra la pandemia de COVID-19, continuar con proyectos “estelares” de infraestructura, y el aumento del uso discrecional del gasto público “pueden elevar los riesgos de corrupción”.
El estudio también detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera ha ampliado sus actividades y desvelado presuntos casos de corrupción. Recomendó continuar con los juicios y procesamientos contra ex funcionarios, como el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
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