El Congreso de Nuevo León rechazó la iniciativa del diputado Juan Carlos Leal Segovia, del Partido Encuentro Social (PES), a través de la cual se permitiría a los padres y madres de familia vetar los contenidos relacionados con educación sexual y reproductiva que reciben niños y niñas en las escuelas de la entidad.
Aunque la propuesta para modificar el Artículo 3 de la Constitución obtuvo 20 votos a favor, 12 en contra y nueve abstenciones, el Congreso estatal, tras más de tres horas de discusión, decidió desecharla debido a que no cumplía con el requisito de 28 votos a favor.
La reforma buscaba que las escuelas tuvieran que solicitar el consentimiento de los padres o tutores antes de proporcionar contenidos que fueran “ética y moralmente controvertidos”. Cabe mencionar que este planteamiento es sumamente parecido al “pin parental” propuesto en España por la formación política Vox.
“El Estado y la autoridad educativa estatal promoverá e impartirá la Escuela para Padres, como una forma de participación activa de los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad a fin de impulsar la corresponsabilidad en la educación de sus hijos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, se podía leer en la reforma.
Por lo tanto, si se aprobaba, habría sido posible vetar cualquier charla o taller sobre derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, “y otros temas que además no han demostrado ninguna eficacia para la reducción de las tasas de embarazo adolescente, prevalencia de las enfermedades sexuales y disminución de abusos sexuales a temprana edad”.
Una vez que se dio a conocer la determinación del Congreso del estado, Clemente Castañeda, dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León, comentó que la propuesta “representaba un terrible retroceso en materia educativa”. Incluso calificó a la propuesta de “retrógrada”.
La polémica en torno a esta reforma fue evidente desde hace unos días. Durante una entrevista con la agencia de noticias EFE, la abogada y analista de estudios de género, Clarissa Guevara, dijo que el “pin parental es inconstitucional debido a los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales”.
Además, desde la perspectiva de esta especialista en leyes, si se hubiese aprobado la reforma, habría representado una dura afectación al derecho de los niños a recibir una educación sexual integral para fomentar la salud, el bienestar, el respeto a los derechos humanos y la igualdad entre los géneros.
Por su parte, Claudia Tapia, diputada independiente en el Congreso de nuevo León, explicó que la reforma “busca reconocer un supuesto derecho preferencial de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”, pero con un “perverso trasfondo porque en primer lugar deslegitima sin ninguna razón a nuestras instituciones educativas”.
Ésta no es la única ocasión en la que se ha propuesto una iniciativa de estas características, pues en varios momentos, diferentes grupos conservadores han intentado condicionar los contenidos educativos, principalmente los referentes a la sexualidad, que reciben sus hijos, comentó Mariela Saldívar, del MC, al mismo medio.
“Ahora viene un diputado que busca, conoce, esta corriente de ultraderecha de Vox en España del pin parental y lo que hizo fue (presentar) una iniciativa similar a la que se trató de institucionalizar en Murcia”, señaló.
Cabe mencionar que en oposición a esta propuesta, asociaciones y colectivos de jóvenes y estudiantes de universidades en el estado buscaron que al legislar en la materia, los políticos también tomara en cuenta a la niñez y juventud del estado.
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