El gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como el “El Bronco”, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el partido Movimiento Ciudadano (MC), por supuesto desvío de recursos públicos, durante las elecciones presidenciales del 2018.
La denuncia presentada contiene varias sentencias de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE) , el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como 111 facturas de empresas “fantasmas”, por un valor de 25 millones de pesos.
El senador Samuel García, uno de los promotores de la denuncia, dijó que el presunto monto del desvío de recursos públicos en efectivo es de más de 80 millones de pesos, sumados al desvios de materiales que realizarón durante la citada campaña.
“Tenemos al Bronco acorralado. Ya cerramos la pinza, incluso con delitos que tienen que ver con lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilicito de facultades”, expresó el senador.
Afirmó que la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, investigará este caso y que “ya conoce de las triquichuelas” del gobernador de Nuevo León, pues la funcionaria ha trabajado en el INE. El desvío consistió en la utlización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho.
El congresista, explicó que en la cuenta publica 2017, que la Auditoria Superior del estado de Nuevo León presentó al Congreso estatal, se encontró que, a partir de octubre de ese año, en el programa Aliados contigo se dieron cero gestorias.
Aliados contigo consiste en acercar la oferta de programas sociales en las zonas marginadas de Nuevo León, donde la gente no puede acceder al registro de los mimos. Personal del gobierno estatal ofrece asesorias y gestiona el otorgamiento de los apoyos.
Por otra parte este mismo miércoles, García Sepulvera informó que también se presentarón denuncias ante la Unidad de Inglaterra Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, y ante la ProcuradurÍa Fiscal de la Federación.
Mientras "El Bronco”, en agosto pasado, negó haber desviado recursos públicos, pues asegurá que jamás se le brindaron recursos y que durante las elecciones fue atacado por el Instituto Nacional Electoral.
Desde el pasado 15 de Octubre, sin presencia del gobernador de Nuevo Leon, la Comision Anticorrupcion del Congreso del Estado inicio el proceso de audiencia al mandatario, derivada del procedimiento de sanción por las anomalias en su campaña preseidencial del 2018.
Sin embargo, si el Congreso de Nuevo León decide destituir al funcionario, la sanción no estaría en vigor hasta que se resuelva la suspensión que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Jaime Rodríguez y a Manuel González, secretario general de gobierno.
El presidente de la Comisión Anticorrupción del Lesgislativo local, Arturo de la Garza senaló que dicho dictamen sería votado en la Comisión y ahí se definiría el tipo de sanción que se aplicaría: apercibimiento, amonestacion, multa económica, destitución o la inhabilitación.
“Este proceso sigue en pie más fuerte que nunca, respetando siempre a todas las instancias judiciales”, dijó de La Garza.
Todo este jucio se dio gracias a que se reforzó el artículo 106 de la Constitución Política del estado, que le quita la impunidad penal al gobernador. Pues la ley establece que el gobernador solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del delito común, pero al ser eliminado esta parte, ahora se puede enjuiciar por cualquier tipo de delitos sin que sea sometido a juicio político
La fecha limite que estabeleció la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el Congreso de Nuevo León será hasta el 20 de diciembre, pero si la corte no lo resuelve antes de esa fecha, el proceso se puede extender por más tiempo.
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