La basura sacó de su cargo a un alcalde. Marco Antonio Leyva Mena, ahora ex presidente municipal de Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, tuvo que renunciar a su cargo por su deficiente manejo de recolección de residuos que levantó la inconformidad ciudadana.
También, por cierto, se lo acusa de un posible desvío de recursos por 12 millones de pesos que recibió precisamente para la construcción de un basurero en su municipio. Pero respecto de la renuncia él afirma que dejó el cargo por "asuntos personales".
Militante del Partido Revolucionario Institucional, Leyva solicitó licencia al Congreso local de Guerrero el pasado 15 de octubre. Precisamente dos días antes de que los legisladores locales hicieran pública la decisión evaluar si revocar o no su mandato, por solicitud del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A pesar de su renuncia, los diputados locales pidieron al ex alcalde que dé cuenta acerca de cómo invirtió los 12 millones de pesos que recibió del gobierno del estado para resolver el problema de la basura con un nuevo relleno sanitario, que debía construir en la comunidad de Metlapa y donde se depositarían las 400 toneladas de basura que produce Chilpancingo cada día.
No sucedió así y la indiganción ciudadana, como la basura, se desbordó. Ciudadanos y empresarios exigieron al ex alcalde una solución al problema en todo el municipio de Chilpancingo, que hasta ahora no tiene un predio propio para el destino de los desechos ni cuenta con suficientes unidades de recolección de basura.
En días pasados, 158 carros recolectores de la empresa La Basura Jefa se encargaron de transportar los desechos a un predio privado que consiguió el ayuntamiento de manera provisional, mientras el alcalde resolvía el destino final de los desperdicios. No lo hizo y la basura fue acumulándose hasta que los propietarios de los terrenos impidieron el paso de los camiones.
Chilpancingo también mandó sus residuos al basurero El Platanal, del municipio Eduardo Neri, pero el cabildo se negó a ampliar el tiempo que habían acordado para el uso del depósito.
Los desperdicios entonces comenzaron a acumularse en las calles, y los vecinos a exigir su recolección para prevenir una alerta sanitaria. Tuvo que intervenir el gobierno del estado con unidades que depositaron los desechos en el rancho Los Astudillos, propiedad del gobernador guerrerense, el cual tampoco cuenta con permisos ambientales para el manejo de residuos sólidos.
La basura ya es "un problema de salud pública", dijo el segundo síndico del ayuntamiento de Chilpancingo, Miguel Ángel Hernández. Ahora, además, es un problema político que le costó el puesto al ex alcalde Leyva.
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