El petróleo sigue ahí: cuatro años después, Ventanilla recuerda el derrame que marcó su costa

Cuatro años después del derrame de petróleo en Ventanilla, catalogado como el mayor desastre ambiental en el litoral peruano, decenas de playas siguen contaminadas y miles de pescadores artesanales denuncian que su vida y su salud continúan en riesgo. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Defensoría del Pueblo, Repsol y testimonios recogidos por RPP, a pesar de las millonarias sanciones impuestas y de los desembolsos realizados por la petrolera, los planes de rehabilitación ambiental aún esperan aprobación definitiva, manteniendo una crisis social y ecológica sin resolver.

El accidente, ocurrido el 15 de enero de 2022 durante una operación de descarga desde el buque Mare Doricum en la Refinería La Pampilla, vertió más de 11.000 barriles de crudo en la costa central de Perú. Las zonas afectadas abarcan desde Ventanilla (Callao) hasta Ancón, Santa Rosa, Chancay y Aucallama. También fueron impactadas áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) y la Zona Reservada de Ancón.

Contaminación persistente

En diciembre de 2025, una supervisión realizada por científicos y pescadores reveló la presencia de hidrocarburos en playa Cavero, considerada la más afectada. Según el biólogo marino Stefan Austermühl, entrevistado por RPP, “el cincuenta por ciento del petróleo sigue ahí y va a seguir ahí en esta forma por décadas”. Los niveles detectados duplican las cifras reportadas oficialmente por la empresa.

La Defensoría del Pueblo indicó que los monitoreos efectuados junto a diversos organismos estatales confirman que, tanto en el mar como en los sedimentos, persisten concentraciones de hidrocarburos aromáticos superiores a los estándares ambientales en varias zonas del litoral central. Expertos han cuestionado la validez de algunos informes presentados por Repsol, señalando el uso de metodologías que no reflejan la real acumulación de contaminantes: la empresa analizó muestras de tejidos musculares de peces en lugar de órganos como el hígado, donde se almacenan los tóxicos.

Procesos y retrasos institucionales en la rehabilitación

Las acciones sancionadoras y judiciales contra Repsol permanecen abiertas. De acuerdo con la SPDA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha iniciado 19 procesos administrativos, mientras que Serfor y Sernanp han impuesto multas que suman aproximadamente 120.000 millones de soles.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) evalúa desde octubre de 2023 18 planes de rehabilitación ambiental presentados por Refinería La Pampilla, pero ninguno ha sido aprobado. Este estancamiento priva a la población de garantías sobre la recuperación de los ecosistemas y sobre la restauración de los medios de vida, sostiene la Defensoría del Pueblo.

Lo que dice Repsol

Repsol, por su parte, afirma haber cumplido sus compromisos con las comunidades afectadas y sostiene que la zona impactada “se encuentra en condiciones aptas de limpieza y recuperación”. Según la compañía, más del 99% de los afectados incluidos en el padrón oficial elaborado con la Presidencia del Consejo de Ministros y los municipios locales han recibido compensación. Repsol asegura haber destinado más de 1.300 millones de soles en pagos, limpieza y monitoreo, con una inversión social específica de 612 millones para más de 10.500 personas.

Sin embargo, sindicatos y asociaciones civiles critican los criterios de inclusión en los padrones y cuestionan que amplios sectores —especialmente mujeres y quienes dependían del turismo y comercio— hayan sido excluidos de las compensaciones. El biólogo Stefan Austermühl estima que el número real de damnificados supera las 40.000 personas.

Impacto social en comunidades pesqueras

El deterioro del entorno marino ha transformado el entramado social de las zonas afectadas. Luis Díaz, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, expuso en RPP la pérdida de especies clave para la pesca y la migración forzada de numerosos trabajadores. “No existe sostenibilidad de la biomasa [...] Esta es una zona marino-costera de alta reproducción que hace años ya dejó de ofrecer oportunidades suficientes para la actividad pesquera”, afirmó.

El golpe económico ha recaído de forma particular sobre muchas mujeres que, al no poder trabajar en la pesca, recurrieron a préstamos para invertir en actividades turísticas y quedaron endeudadas. Díaz denunció también exclusiones y prácticas discriminatorias en los procesos de indemnización.

Demandas legales y reclamos de los afectados

Sindicatos de pescadores mantienen abiertas acciones judiciales. En diciembre de 2025, más de 1.200 personas presentaron una demanda constitucional ante el Poder Judicial para solicitar la anulación de los acuerdos de compensación, argumentando que fueron suscritos bajo estado de necesidad y sin considerar el daño emergente ni el moral. La causa sigue en trámite, mientras organizaciones de base insisten en revertir los acuerdos y establecer nuevos términos que garanticen una compensación más justa e inclusiva.

La Defensoría del Pueblo reclama la creación y actualización de un registro único y transparente de damnificados, conforme establece la Ley 32534, así como mejores mecanismos de participación ciudadana en la gestión y fiscalización de las compensaciones económicas y la recuperación ambiental.

Riesgos sanitarios y perspectivas

Expertos advierten que la exposición constante a hidrocarburos en playas, sedimentos y especies marinas mantiene activos los riesgos para la salud pública y para los medios de vida. Mientras no se aprueben ni se ejecuten los planes de rehabilitación ambiental, las familias afectadas seguirán en situación de vulnerabilidad y con incertidumbre sobre la reactivación plena de sus actividades.

Restaurar el litoral requiere compromisos efectivos y transparencia por parte de las autoridades y la empresa. Como enfatiza la Defensoría del Pueblo, la verdadera medida de reparación y justicia estará en la ejecución tangible y verificable de los compromisos ambientales, cuyo cumplimiento permanece pendiente para miles de afectados a lo largo de la costa peruana.