Hace seis semanas, el debate por la Ley de Humedales se suspendió para poder “escuchar las posiciones de los gobernadores”. Ahora, el presidente de la comisión de Recurso Naturales Leonardo Grosso, busca avanzar con el dictamen en un plenario a realizarse este jueves pero la oposición adelantó que no acudirá. Grupos ambientalistas expresaron su preocupación y aseguraron que el proyecto no incide en las actividades productivas que ponen en jaque a los mandatarios y sus economías regionales.
En abril de 2013 la senadora por Entre Ríos, Elsa Ruiz Díaz presentó el primer proyecto de ley para proteger a los humedales. A lo largo del tiempo, solo en 2015 y 2018 dos proyectos lograron media sanción en el Senado pero no pudieron sancionarse dado que no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Desde esa fecha los avances no fueron significativos y una vez más, el debate vuelve a la incertidumbre.
La abogada e integrante de El Paraná no se toca, Romina Araguás remarcó a Infobae que la ley es necesaria para un “ordenamiento territorial” que determine cuáles son los humedales existentes en el país y qué actividades se pueden realizar en dichas zonas. Para ello, uno de los puntos centrales es la realización de un inventario de humedales a cargo de “Nación y no que sean las provincias las que determinen cuáles son las zonas”, planteó
Al respecto, cuestionó que “las provincias tienen intereses económicos y la idea es categorizar la menor cantidad de humedales. Que sea un criterios biológico y ecológico el que determine, no un criterio económico”.
En tal sentido, Rodolfo Martínez de la Multisectorial Humedales planteó que es posible integrar las economías productivas con la conservación ambiental dado que “de ninguna manera es una ley prohibitiva”. Al respecto, detalló que “ningún artículo prohíbe la producción, estamos hablando de que al igual que la ley de bosques y glaciares, ninguna le puso fin a la producción en Argentina sino lo que establece es formas y dependiendo en la zona”.
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Araguás defendió la necesidad de un ordenamiento por parte de un organismo nacional basado en el “artículo 41 de la Constitución que es el artículo de protección. Porque hay humedales que son Interjurisdiccionales como el caso del Delta y no podemos pretender que cada provincia proteja su humedal porque la división política no respeta el ecosistema”.
Como parte de los ejes centrales de la ley, la activista remarcó que también “tiene que haber una moratoria para que no se autoricen nuevas actividades hasta tanto no se realice este inventario”.
Este miércoles, los jefes de bloque del PRO, la UCR y la Coalición Cívica enviaron una nota a las autoridades de la Cámara donde denunciaron “la absoluta irregularidad” de la citación a la reunión. “Pretender continuarlo en día y hora distintos a lo dispuesto al momento de resolver el pase a cuarto intermedio, supone una clara violación a nuestro reglamento”, cuestionaron.
Ante dicho planteo que interfiere en el debate de la Ley de Humedales, Martínez consideró que “si existe voluntad política más allá de las variables de reglamento, es algo que deberían ir y presentar a debate. A lo sumo podrían no dar el dictamen”. Por eso, tildó de “una bajeza muy grande” que diputados no quieran presentarse a la reunión.
Al faltar pocos meses para que se cumplan 10 años desde la presentación del primer proyecto para una Ley de Humedales, el ambientalista destacó que desde entonces cambió mucho el escenario. “No solo por el ecocidio reinante que venimos viendo hace más de dos años”, sino también por la conciencia ciudadana respecto al tema.
“Actualmente se ha complejizado más el conocimiento de lo mismo y por eso creo que están quedando mal los y las legisladoras porque hay una ciudadanía que está en la calle”, planteó. A su vez, destacó que con el tiempo también se empezó a hablar de la figura del delito penal ambiental, que no solo incluye a posibles responsables de incendios sino también a otros hechos de impacto ambiental como los derrames de cianuro en zonas mineras.
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