Dos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para frenar la minería de oro ilegal en América Latina que favorece al narco-régimen de Nicolás Maduro, así lo informó uno de ellos este miércoles en un comunicado.
“La minería y el tráfico ilícito de oro plantean un problema y un desafío importante para la seguridad y estabilidad de nuestra región”, afirmaron el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez.
Además “beneficia financieramente al narco-régimen de Maduro en Venezuela, destruyendo ecosistemas sensibles y causando abusos a los Derechos Humanos en toda la región”, se lee en el texto.
“La minería de oro ilegal es una fuente financiera importante para el régimen dictatorial de Maduro y conforma gran parte del mercado internacional del oro”, afirmó Marco Rubio, citado en la nota.
“Estados Unidos debe responsabilizar a aquellos que están involucrados en esta industria ilegal y evitar que Maduro y sus secuaces obtengan más ganancias mientras el pueblo venezolano sufre dificultades inimaginables”, añadió.
Los senadores quieren que el presidente Joe Biden establezca una estrategia para combatir el problema.
“Estas actividades no solo financian a sindicatos criminales transnacionales, sino también debilitan la selva y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilitan los abusos de los Derechos Humanos y ayudan a sostener dictaduras brutales como la de Nicolás Maduro”, afirmó Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El proyecto de ley, que contempla 10 millones de dólares en fondos para llevar a cabo la estrategia, encarga el Departamento de Estado crear un plan de varios años, en conjunto con el Departamento de Tesoro, para imponer sanciones al régimen chavista y las personas u empresas relacionadas con la minería ilegal y la extracción y el comercio de oro y promover que otros países en el continente hagan lo mismo
Según un informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, más del 70% del oro extraído en varios países latinoamericanos, como Colombia, Ecuador y Perú, se obtiene por medios ilícitos, al igual que alrededor del 80% del extraído en Venezuela, se lee en el proyecto de resolución.
De este oro venezolano un gran porcentaje se vende a la empresa minera estatal Minerven -un procesador sancionado por Washington y operado por la dictadura de Maduro- o bien a través de redes de comercialización que benefician económicamente al régimen venezolano, advierte el texto.
El aumento en los precios del metal precioso en el último año ha llevado a su vez a que se incremente el interés de las organizaciones criminales en la región por esta industria, subrayó el reporte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
(Con información de EFE)
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