
El impacto de la imposibilidad por parte de la vasta mayoría de las escuelas de dictar clases presenciales a nivel global no es novedad para nadie. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha asegurado que el regreso de los estudiantes a las aulas está entre sus máximas prioridades. Los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) han indicado esta semana que es seguro regresar a las aulas incluso si los maestros no están aún vacunados, pese a un reclamo al respecto hecho de los sindicatos.
En California, el estado con el mayor índice de contagios y el menor porcentaje de estudiantes que ha vuelto a tener clases presenciales, el escándalo por el cierre de las instituciones cobró tal magnitud que hay un movimiento pidiendo la renuncia del gobernador, Gavin Newsom. En paralelo, la municipalidad de San Francisco ha demandado a su propio sistema escolar por tener los colegios cerrados, y la asociación pediátrica emitió un comunicado instando a la apertura urgente de escuelas por el daño psicológico que se le está causando a los menores.
En Florida la situación es diferente. Pese a numerosos idas y vueltas, las clases presenciales volvieron en septiembre de 2020. Si bien los padres también tienen la opción de elegir un sistema de educación virtual, la posibilidad de volver a clases ha existido por varios meses. Los colegios, con nuevos protocolos, no se han convertido en grandes focos de contagio en el estado.

Sin embargo, la situación está lejos de ser igual a como era antes de la pandemia. Las actividades extra-curriculares fueron canceladas, la interacción entre estudiantes trata de limitarse a un pequeño grupo de compañeros del mismo año y, si alguien contrae el virus, todos deben volver a sus hogares a realizar una cuarentena.
Es por eso que muchos padres creen que durante el año escolar corriente, que comenzó en agosto y terminará en junio, el rendimiento de sus hijos no será igual al de ciclos anteriores. Y un grupo de legisladores estatales presentó una iniciativa que creen ayudará a mitigar este impacto negativo.
El Senado está discutiendo una propuesta que permitiría a los padres optar por que sus hijos repitan este último año escolar, sin que ello tenga un impacto negativo en la carrera académica del menor (a la hora de ser aceptados en las universidades, haber repetido un año suele jugar en contra, pero la ley haría una salvedad para el año de la pandemia).
Actualmente, en Florida los únicos que pueden tomar una decisión de esa naturaleza son los maestros y otras autoridades escolares, y esta debe estar basada en resultados académicos. La nueva ley daría el poder de decisión a los padres, incluso si el menor logró aprobar todas sus materias.

“Sabemos que la cuesta abajo por el COVID es real y preocupa. Esto le daría la oportunidad a los padres de elegir lo que es mejor académicamente para sus hijos, retrasándolos solo un año”, decía la senadora Lori Berman, de Boynton Beach, quien propuso el proyecto de ley.
La iniciativa daría a los padres hasta finales de junio para tomar la decisión. Los superintendentes de cada distrito escolar estarían obligados a aceptar todas las peticiones hechas antes del 30 de junio, y tendrían libertad de decidir si quieren aceptar aquellas hechas fuera de tiempo.
Si la familia decide que el niño repita el año, deberá mantener en el mismo curso durante todo el siguiente ciclo lectivo. No habrá opción de pasar de año escolar a mitad de curso.
Si bien el gobernador Ron DeSantis no se ha pronunciado a favor del proyecto de ley, se sabe que es gran defensor del sistema de opción escolar, que pone en los padres el poder de elegir el tipo de educación quieren para sus hijos.
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