El gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada a su país a dos políticos guatemaltecos, incluido un influyente legislador vinculado al oficialismo, a quienes acusó de corrupción.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo señaló en una declaración escrita que la prohibición aplica para el diputado Felipe Alejos y la ex diputada Delia Bac.
“Los actos corruptos de Delia Bac y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el Estado de Derecho en Guatemala”, aseguró el funcionario estadounidense en un comunicado. La prohibición para ingresar a su país también aplica a sus familiares inmediatos.
Tiziano Breda, analista para América Central del International Crisis Group, dijo a la AP que la designación afecta a dos figuras importantes de la vida política guatemalteca, particularmente Felipe Alejos, y que es parte de “una serie de codazos que la administración Trump ha dado recientemente para intentar agarrar los votos latinos en víspera de las elecciones”.
Por otro lado, agregó el experto, “llega en el marco de una creciente presión por parte del Departamento de Estado en el tema de la elección de cortes (Guatemala tiene un año sin elegir magistrados de Cortes) y coincide con la instalación del nuevo Embajador estadounidense, William Popp, como para dejar claro que bajo su liderazgo la embajada de Estados Unidos quiere jugar un papel activo en la lucha contra la corrupción en el país”.
Alejos, Primer Secretario del Congreso de Guatemala, ha sido diputado desde 2011 y es hoy uno de los aliados más fuertes del oficialismo. Mantiene gran influencia política en el país y ha sido acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de cobros ilícitos de comisiones para ayudar a devolver créditos fiscales a empresarios.
La Fiscalía ha intentado en varias ocasiones que la Corte Suprema de Justicia le retire la inmunidad para ser investigado, pero los actuales magistrados le han protegido.
El Congreso de la República ha retardado la elección de magistrados para cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia durante un año. Grupos de sociedad civil descalifican el retraso diciendo que los diputados negocian la integración de Cortes a su conveniencia, especialmente aquellos que tienen procesos judiciales pendientes y que sus casos serían conocidos por los magistrados electos.
Bac, quien fue diputada desde enero de 2008 hasta enero de 2020, ha sido acusada de traficar influencias para la construcción de una carretera vecinal que beneficiaría un negocio de su propiedad.
Aunque la FECI también intentó que se le retirara la inmunidad, fue protegida por la Corte Suprema de Justicia. Bac ya no tiene inmunidad, pero la fiscalía contra la corrupción aún no ha accionado contra la exfuncionaria.
(Con infoemción de AP)
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