El alcalde neoyorquino Bill de Blasio respaldó el jueves un plan para abrir lugares donde los adictos a drogas ilegales puedan inyectarse bajo supervisión médica, parte de un innovador pero controversial esfuerzo por combatir las sobredosis fatales.
Durante la última década se han abierto docenas de lugares de este tipo en Canadá, Europa y otros lugares, pero actualmente no existe ninguno en Estados Unidos, aunque las autoridades de San Francisco, Filadelfia y Seattle han tomado medidas para su creación. Las instalaciones están diseñadas para proveer un espacio seguro, lejos de zonas públicas, donde los usuarios de drogas se puedan inyectar heroína bajo la supervisión de profesionales de la salud.
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"La epidemia de opioides ha matado a más personas en nuestra ciudad que los accidentes automovilísticos y los homicidios combinados", dijo de Blasio, que respaldó el plan el mismo día en que el Departamento de Salud de la ciudad difundió un esperado estudio que afirma que el programa podría evitar 130 sobredosis fatales al año.
Los datos preliminares revelan que en 2017 hubo 1.441 decesos por sobredosis en la ciudad de Nueva York.
En caso de que el plan sea aprobado, se abrirían Centros de Prevención de Sobredosis en un programa piloto de un año en los lugares actuales de intercambio de agujas en el vecindario Gowanus de Brooklyn, en Midtown West y Washington Heights en Manhattan, y en Longwood en el Bronx. Se dispondrá de personal capacitado para proveer naloxona, un fármaco que revierte los efectos de las sobredosis, y asesoría sobre adicciones.
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"Después de una rigurosa revisión de esfuerzos similares en todo el mundo, y tras un cuidadoso análisis de las posturas de expertos en seguridad y salud pública, creemos que los centros de prevención de sobredosis salvarán vidas y brindarán a más neoyorquinos el tratamiento que necesitan para vencer esta adicción letal", dijo el demócrata de Blasio en un comunicado.
Funcionarios de la ciudad dijeron que la propuesta requeriría de la aprobación del Departamento de Salud estatal, de miembros del concejo que representen a las instalaciones donde se harían las inyecciones, y de un acuerdo de los fiscales para proteger a los clientes y a los operadores de ser procesados judicialmente.
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(Con información de AP)
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