
El gobierno de Donald Trump está a punto de finalizar su plan para atacar la crisis de los opioides en los Estados Unidos, según anunció la web Politico que tuvo acceso a dos borradores del documento. Según la publicación, el proyecto es abarcador pero también polémico: incluye la pena de muerte para quienes comercien con sustancias como el fentanilo, en las cuales "la distribución y el tráfico son directamente responsables de la muerte".
El plan circuló entre políticos y representantes de organismos de salud pública desde el comienzo de marzo, y se podría anunciar en los próximos días, "incluso tan inmediatamente como el lunes, cuando el presidente visite New Hampshire, un estado muy golpeado por la epidemia", según el sitio.

El proyecto combina aspectos judiciales y policiales con medidas de prevención y tratamiento que cuentan con el apoyo de quienes defienden la necesidad de frenar una crisis que causó más de 64.000 muertes por sobredosis en 2016, lo cual significó un aumento del 28% desde 2015. Según registros del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), también se incrementó en un 30% la atención de emergencias por sobredosis en las salas de emergencia del país. La publicación médica Stat proyectó en medio millón las muertes por opioides en la próxima década.
"Los traficantes de drogas realmente hacen mucho daño", dijo Trump en una reunión sobre los opioides en la Casa Blanca, a comienzos de marzo. "Algunos países tienen penas muy, muy duras, la pena máxima. Y, por cierto, tienen mucho menos problemas de drogas que nosotros", informó entonces Axios. El mandatario dijo algo similar en un acto de campaña, en el que elogió a países que tienen la pena de muerte para el tráfico, como Singapur.

Entre las medidas se destaca la expansión del acceso de los rescatistas a naloxone, la medicación que se utiliza para revertir las sobredosis; la implementación de programas estatales para el monitoreo de las recetas médicas; la restricción de los fondos federales para el pago de ciertos tratamientos (mediante planes como Medicaid) y la facilitación de las internaciones para aquellos adictos que busquen tratamiento.
También llama a la creación de dos fuerzas especiales en el Departamento de Justicia: una que realice un control mucho más intenso de las ventas por internet de estas sustancias y otra que acelere el enjuiciamiento de médicos, farmacias y otros proveedores sanitarios criminalmente negligentes.
En octubre Trump dio a la crisis de los opioides el estatus de emergencia nacional de salud pública, lo cual se extendió a mediados de enero por otros 90 días. Pero el plan de acción se demoró, entre otras cosas porque la perspectiva de las autoridades de salud pública es muy diferente de la que tienen la policía y otros organismos de control legal, según Politico.

A esa tensión se sumaría ahora la controversia sobre la pena de muerte. "El plan de Trump tiene al menos un fan entre los republicanos en el Congreso", citó el medio al representante Chris Collins. "Estoy totalmente del lado de la pena capital para esos delitos que pudieran merecerla", dijo. "Incluidos casos de drogas, sí". El senador Dan Sullivan, también republicano, señaló que "es una cuestión importante" cuando se decide "aprobar una ley que permite la pena capital", en referencia a los desacuerdos adicionales que el tema en sí implica.
Otras voces recuerdan que la llamada "guerra contra las drogas" de la década de 1980, que endureció las penas al punto de hacer imperativas algunas, no funcionó para detener el narcotráfico. El senador demócrata Ed Markey manifestó esa opinión: "Todavía estamos pagando los costos de una 'guerra contra las drogas' fracasada, y ahora el presidente Trump diseña planes de batalla para otra. No vamos a salir de la epidemia de los opioides con cárcel o ejecuciones", dijo al sitio.
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