Mientras que en Europa el Barcelona y el PSG negocian por su fichaje, Neymar Jr. está en Brasil resolviendo un tema más importante: la acusación en su contra por presunta violación y agresión a la modelo Najila Trindade Mendes de Souza.
Tras ser denunciado por Trindade, el domingo 2 de junio el futbolista decidió difundir a través de su cuenta de Instagram una conversación y fotos íntimas con la mujer que lo acusó.
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Si bien la intención de Ney fue demostrar que la mujer mantuvo un trato normal después del encuentro sexual y -según él, consentido- que tuvo en un hotel de París el 15 de mayo, el Departamento contra los Delitos Informáticos del Ministerio de Justicia de Brasil abrió una investigación contra el jugador de 27 años por "crímenes virtuales" y lo citó a declarar el 6 de junio en una comisaría de Río de Janeiro.
En Brasil es delito ofrecer, compartir, transmitir, vender, distribuir, publicar o divulgar imágenes o videos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima, delito que se conoce como "porno-venganza". El mismo cuenta con una previsión de pena de uno a cinco años de cárcel.
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Según Mundo Deportivo, la defensa de Neymar alegó que no fue el jugador el responsable de difundir dichas imágenes sino Alex Bernardo, su asesor de imagen. El ex Santos admitió haber salido a transmitirle a sus fans que era inocente pero aseguró que la divulgación de las fotos y chats no fue decisión suya.
Las declaraciones también indican que la edición del video -se pixelaron las fotos y el nombre de la mujer- subido a las redes sociales del astro brasileño fue encargada por el propio Bernardo a un técnico informático que no trabaja formalmente en su empresa de comunicación.
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Asimismo, Neymar aseguró que él no había visto el material finalizado antes de que este se subiera a las redes, y que una vez enterado del mismo ordenó que lo eliminaran, hecho que ocurrió al día siguiente.
Es así que la estrategia a la que se apegarán los abogados del jugador es la de desvincular a su cliente de la responsabilidad legal por el delito cibernético.
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