El comandante del ELN Antonio García defendió que miembros de la Primera Línea sean gestores de paz: “La cárcel y la represión desembocan en más conflictos”

Hace algunas semanas, el presidente Gustavo Petro comentó sobre la posibilidad que de que algunos miembros de la Primera Línea, que están en las cárceles, debido a los delitos que se les acusa en medio del paro nacional 2021, fueran liberados antes de que finalice en 2022 con la condición de que serán gestores de paz en los diferentes procesos de diálogo. La idea del presidente ha creado diferentes opiniones, tanto a favor como en contra, pues incluso, algunos creen que el mejor camino hubiera sido pasar esta propuesta por el Congreso.

En las últimas horas, el que se refirió al tema fue el primer comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, que dio a entender que se encuentra conforme con lo señalado por el Gobierno nacional, pues considera que la cárcel y la represión pueden desatar más violencia.

En este sentido, aseguró que lo más importante de la situación es entender que las luchas por las que los jóvenes se unieron a ese movimiento aún están vigentes, además, que muestra de ello, es que el nuevo gobierno es el referente de un cambio que se pidió hace un año.

El tema ha llegado a la discusión internacional, pues, incluso, desde algunos países iberoamericanos se ha señalado que podría ser una forma de que los jóvenes presos “eludan sus responsabilidades” ante la Justicia mediante la aplicación de figuras legales de uso “excepcional”.

“La defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos”, puntualizaron en una carta 20 exgobernantes de España y América Latina, entre ellos, Iván Duque y Andrés Pastrana.

Por su parte, en el decreto firmado por el presidente para otorgar la libertad a varios de los jóvenes capturados, se estableció la importancia de crear una comisión intersectorial para promover la reconciliación y la participación ciudadana, en la que participará el ministro del Interior (Alfonso Prada), el ministro de Justicia (Néstor Osuna), el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y el director del Dapre (Mauricio Lizcano); todos ellos podrán designar delegados.

En el documento se señala que una de las funciones de la comisión será: “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Sumado, señala que este grupo deberá definir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Según el decreto, la Comisión deberá reunirse regularmente por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria si alguno de sus integrantes lo requiere. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz estará a cargo de la secretaría técnica y las decisiones del órgano se tomarán con la mitad más uno de los asistentes.

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