La Javeriana no vulneró los derechos de la profesora Luciana Cadahia: Corte Constitucional

Un litigio entre la profesora María Luciana Cadahia y la Universidad Javeriana se dio luego de que ella fuera despedida de la institución en mayo de 2019, al parecer por sus expresiones políticas.

Esta decisión causó inconformismo en la comunidad estudiantil de la Facultad de Filosofía, a la que la docente pertenecía. Por medio de plantones y cartas dirigidas a la Universidad, los alumnos criticaron que no se hubiese tenido en cuenta sus calificaciones.

Cadahia decidió acudir al mecanismo de la tutela, afirmando que su despido no estuvo asociado a su desempeño como maestra, sino a una supuesta “discriminación de género y por sus ideas políticas”. Paola Silva, que reclamó el derecho a su educación, y Manuela Yepes, a quien se le impidió hacer un plantón en su apoyo, se sumaron al recurso de la profesora.

El caso pasó por todas las instancias. En un primer fallo, un juez ordenó su reintegro, pero en segunda instancia, esta medida no prospero y la Universidad se vio favorecida. Por eso, el caso fue trasladado a la Corte Constitucional.

Al estudiar el caso, la Corte concluyó que el despido de Cadahia no estuvo fundamentado en razones políticas y que, por el contrario, sí existían razones objetivas para despedirla. Se precisó además que el despido sin justa causa constituye un mecanismo perfectamente válido de terminación de un vínculo laboral. Por lo tanto, la Universidad Javeriana no vulneró ningún derecho fundamental de la docente al desvincularla.

“Si bien es cierto que el despido sin justa causa no puede vulnerar garantías fundamentales como la libertad de expresión, este constituye un mecanismo jurídico válido y vigente para separar a alguien de su cargo, siempre y cuando existan motivos objetivos o razonables para hacerlo”, dijo el alto tribunal en su fallo.

Entre los eventos que fundamentan esta decisión, está el hecho de que la accionante figurara como profesora de otra universidad en algunas publicaciones y eventos, que nunca hubiese acreditado el dominio de una segunda lengua, y “que no se advirtiese un compromiso con la misión o visión del proyecto educativo institucional”.

“También se demostró que la Pontificia Universidad Javeriana conoció las posturas políticas de izquierda y feministas que la accionante Cadahia adujo censuradas, antes de vincularla laboralmente. Aun así, no solo decidió contratarla, sino que promovió su participación en espacios en los que pudiera desarrollar tales posturas, a través de entrevistas o conversatorios en los que ella hizo explícita sus posturas respecto de asuntos políticos”, agregó la Corte. Por lo tanto, no se demostró que la Universidad hubiese censurado o atacado a la maestra en razón de su pensamiento político o filosófico.

De igual forma, se encontró que la profesora continuó divulgando sus posturas e ideología a través de medios de comunicación masivos y redes sociales durante el tiempo que estuvo vinculada a la Universidad, que le renovó su contrato a sabiendas de todo esto.

“En suma, la profesora Cadahia no demostró que la Universidad le hubiese dicho, insinuado o restringido su pensamiento político o filosófico. Tampoco probó que la accionada le impuso cómo dictar o el contenido de sus clases. Nunca la vetó de ningún espacio al interior de la universidad y cuando rechazó alguno de sus proyectos de investigación, lo hizo para solicitar correcciones o ajustes constructivos para volverlos a evaluar”, concluyó la Corte.

Además, Sala Plena consideró que a las estudiantes Yepes y Silva no se les vulneró su derecho a la educación ni a la libertad de investigación y aprendizaje. Adicionalmente, agregó que dichos derechos no le exigen a las universidades garantizar a los alumnos un profesor determinado. “Las universidades son libres de componer su plantel docente, en ejercicio de la autonomía universitaria”, dijo la Corte.

SEGUIR LEYENDO: