A un mes de la elecciones presidenciales, Alexander Vega pide no ser removido de su cargo

Contra el funcionario existe una medida cautelar que busca suspenderlo provisionalmente de su función, tras las irregularidades en la jornada electoral del 13 de marzo. La Procuraduría también adelanta una investigación en su contra

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Alexander Vega aseguró que la
Alexander Vega aseguró que la acción está infundada en “artículos de prensa, columnas de opinión, y criterios interesados con marcado contenido político, que no logran demostrar una conducta intencionalmente transgresora del ordenamiento legal y jurídico a título de fraude”. REUTERS/Luisa Gonzalez

El pasado 19 de abril se instauró una acción popular que busca suspender temporalmente al registrador Alexander Vega de su cargo, esto con el objetivo de evitar que las irregularidades presentadas en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, vuelvan a suceder el próximo domingo 29 de mayo, en la primera vuelta presidencial.

A un mes para las votaciones, el registrador emitió una carta dirigida al magistrado Luis Manuel Lasso, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que solicita que se niegue la medida cautelar al considerarla “inaceptable y desproporcionada”.

El funcionario aseguró que la acción está fundada en “artículos de prensa, columnas de opinión, y criterios interesados con marcado contenido político, que no logran demostrar una conducta intencionalmente transgresora del ordenamiento legal y jurídico a título de fraude”.

La acción popular interpuesta por el constitucionalista Germán Calderón España se registró luego de las afirmaciones del registrador Vega en las que indicó que hay un millón de votos de diferencia entre el preconteo, y el escrutinio electoral y además señaló que gran parte de los errores en la jornada electoral fueron cometidos por los jurados de votación.

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El constitucionalista Calderón afirmó en su momento: “Interpondré ante un juez administrativo una acción constitucional popular, para que se restablezca el derecho colectivo violado a la moralidad administrativa por cuenta de todas las inconsistencias en el conteo y los escrutinios electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como medida cautelar solicito la suspensión provisional del cargo del señor Registrador Alexander Vega Rocha”.

Sin embargo, en su carta de este viernes, el funcionario fue explícito en decir que, “con la suspensión se estarían vulnerando los derechos fundamentales a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, además de generar un perjuicio irremediable a todos los colombianos, dada la inmediatez del proceso electoral para la elección del Presidente de la República”.

Vega señaló que otro de los factores que se presentó en las pasadas votaciones es que alrededor de 23.000 formularios fueron mal diligenciados por los jurados de votación. “Encontramos que, en 5.109 mesas se demuestra un posible dolo, porque además de diligenciar los formularios de manera equivocada, hubo tachones de las votaciones de los candidatos”, aseguró el funcionario quien confirmó que estas irregularidades ya se han dado a conocer a la Fiscalía y Procuraduría.

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El pasado 8 de abril, por las irregularidades que se habrían presentado en el proceso electoral, la Procuraduría General le abrió una investigación preliminar a Vega. El organismo de control busca establecer si incurrió en una falla en “la selección y contratación estatal, una posible omisión de sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”.

Otra de las fallas en las que habría incurrido Alexander Vega es la omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales. Adicionalmente, el incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.

Sumado a eso, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios de la Registraduría para establecer las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de software usadas, y en los procesos de inscripción de cédulas.

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