Gobierno confirmó que el regreso a la presencialidad educativa no tiene vuelta atrás

Debido a la nueva variante de covid-19, Ómicron y los contagios que vienen aumentando en el país, diferentes gremios educativos como la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación (ADE) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) han solicitado al Gobierno nacional que se pare el retorno a la presencialidad en las aulas pues consideran que no hay condiciones de seguridad para el regreso.

Según las entidades, las adecuaciones en los colegios no son suficientes para proteger a profesores y alumnos de nuevos contagios en las instituciones. Frente a las quejas, el Gobierno respondió que no hay vuelta atrás para el regreso a clases presenciales y que, además, se han acondicionado todas las aulas de colegios públicos y privados para garantizar medidas de bioseguridad.

Sin embargo, pese a la reacción de Fecode se conoció un comunicado por parte de la cartera de Educación en el cual aclaró que no desconoce que el retorno presencial con bioseguridad es fundamental para avanzar en el aprendizaje y desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.

Según la entidad, el retorno a clases presenciales en el segundo semestre del año 2021 permitió que el 98 % de los establecimientos educativos prestaran el servicio educativo presencial a 8,3 millones de estudiantes y “ratificó que los entornos educativos son espacios seguros en los que se apropian los hábitos de bioseguridad (cuidado y autocuidado) por parte de los niños y jóvenes como parte de su proceso de formación personal y como ciudadanos”.

Por otro lado, aseguran que el avance en el Plan Nacional de Vacunación contra el virus permite que las diferentes actividades sociales, económicas y educativas continúen su actividad normal bajo condiciones de bioseguridad. Adicional, la evidencia científica que se tiene sobre la pandemia en otros países demuestra que el retorno es viable y necesario.

Frente a posibles sedes educativas que se encuentren en proceso de habilitación de condiciones de bioseguridad, las cuales están identificadas por cada Secretaría de Educación y tienen un plan de acción específico en ejecución, es necesario aplicar las medidas administrativas correspondientes en cada caso, y con ello garantizar el derecho a la educación.

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