A la cárcel oficiales de inteligencia del Ejército por cobrar recompensas por operaciones falsas

Tres oficiales del Ejército Nacional fueron cobijados con medida de aseguramiento de prisión domiciliaria luego de ser investigados por presunta corrupción en el pago de recompensas. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los uniformados reclamaban dineros por operaciones que no ejecutaban.

Y es que la Fiscalía, a través del Eje Transversal de Administración Pública de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, presentó ante un juez de control de garantías a dos oficiales y a un suboficial en retiro de las fuerzas militares, quienes estarían involucrados en dos hechos distintos de corrupción.

Según la información presentada por la entidad, los procesados son: teniente coronel Robert Antonio Muñoz Legarda, comandante del Batallón BR-18, adscrito al Batallón Vencedores N°23 en Cartago (Valle del Cauca); capitán Edgar Andrés Ballesteros Perdomo, de Inteligencia del Batallón Vencedores N°23; y el sargento segundo (r) Luis Fernando Vélez Ramírez, también adscrito al componente de inteligencia del citado batallón.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que los uniformados, al parecer, elaboraron informes y promovieron trámites administrativos para soportar el pago de informantes por procedimientos que no existieron o fueron ejecutados por otras unidades militares”, aseguró Eduar Alirio Calderón Muñoz, fiscal director especializado contra la corrupción.

Pues bien, a estas personas la Fiscalía les imputó, según el posible nivel de participación en cada una de las supuestas operaciones, los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con las investigaciones, se conoció que, al parecer, los militares elaboraron informes y promovieron trámites administrativos para dar soporte al pago de informantes que habrían colaborado en procedimientos que nunca existieron o que fueron ejecutados por otras unidades militares.

Según la Fiscalía, el primer evento está relacionado con la presunta apropiación de 5′500.000 pesos, los cuales fueron reclamados ante la Tercera Brigada del Ejército Nacional con el supuesto de que serían entregados a la fuente humana que proporcionó la información para ubicar 170 cilindros, que serían utilizados para ataques contra la fuerza pública.

En la investigación llevada a cabo se constató que esta incautación fue producto de un patrullaje de rutina y no habría lugar al pago de recompensa, puesto que en ningún momento se necesitó de un informante.

Según citó el periódico El Espectador, el fiscal del caso relató así lo sucedido en audiencia: “Para agosto de 2020, aprovechando que, con razón de su función, mediando un acuerdo común y con división de trabajo presentaron informes de inteligencia y soportes, en los cuales consignaron falsedades sobre la obtención de información de una fuente humana ante el comando de la Tercera Brigada, que soportó la incautación de 170 cilindros de gas y, con ello, el desembolso de $5′500.000. Es decir, el desembolso de recursos públicos de las Fuerzas Armadas, por lo que se apropiaron en provecho suyo de bienes del Estado”.

Pero ese no sería el único caso, pues también se reveló de un hecho ocurrido en septiembre de 2020 cuando los dos oficiales obtuvieron 4′000.000 de pesos de la Alcaldía de El Dovio (Valle del Cauca). El dinero, al parecer, fue tramitado con documentos en los que los uniformados se atribuían la operación en la que murió alias Negro Antonio, cabecilla del ELN. De acuerdo con la Fiscalía, hay elementos de prueba que indican que el procedimiento fue adelantado por una unidad distinta.

Por disposición del juez de control de garantías, los tres procesados, quienes se declararon inocentes, deberán cumplir medidas de aseguramiento privativas de la libertad en sus lugares de residencia. La Fiscalía tiene cerca de tres meses para culminar las pesquisas y, si halla mérito, llamar a juicio a los uniformados. De lo contrario, puede pedirle a un juez de conocimiento que precluya la investigación.

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