El presidente Iván Duque presentó un plan que asegura trascenderá los gobiernos para proteger a los líderes sociales

El presidente colombiano, Iván Duque, lanzó el pasado viernes una política pública para proteger a los líderes sociales del país, pues según la Defensoría del Pueblo en lo que va del año han sido asesinados 130.

“Estamos lanzando un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Pública y Social) con visión de Estado, que no tiene la atemporalidad de simplemente reducirse a un periodo de Gobierno, sino que fija los derroteros de largo plazo”, expresó Duque durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

El documento “Política Pública de Garantías y Respeto a la labor de Defensa de los Derechos Humanos y el Liderazgo Social” será, según afirmó el mandatario, un referente para los colombianos que lo sentirán “como propio”.

En su elaboración participaron el Departamento Nacional de Planeación (DNP); los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Salud, Ambiente, Agricultura y Trabajo; la Unidad Nacional de Protección (UNP), las consejerías presidenciales para la Equidad y la Mujer y Derechos Humanos, y el Centro de Memoria Histórica.

El documento Conpes será ejecutado en un lapso de cinco años, precisó el mandatario, que no dio muchos más detalles sobre el alcance de la iniciativa.

Según lo informado el jueves por la Defensoría, la cifra de líderes sociales asesinados este año es inferior a los 182 cometidos en el mismo periodo de 2020.

Las cifras de este año señalan que el 85 por ciento de los asesinados fueron hombres y hubo 19 mujeres defensoras asesinadas; además, el 75 por ciento de los homicidios se presentó en 8 departamentos, que coinciden con Antioquia y el corredor del Pacífico, una de las zonas más afectadas por el resurgimiento de la violencia.

Concretamente, 22 homicidios se produjeron en Antioquia (noroeste), y el resto de ese 75 por ciento en el Pacífico: 21, en Cauca; 16 en Valle del Cauca, y 9, en el Chocó.

“Lamentamos profundamente cada uno de los casos con el impacto que tienen sobre las comunidades”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

(Con información de EFE)

Críticas de Human Rights Watch

Aparte de este Conpes, el gobierno de Duque había presentado en septiembre de este año el Decreto 1139 de 2021, que modifica los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades de diferentes zonas del país.

Un texto que pasó de agache, pues solo hasta este 9 de diciembre el investigador Juan Pappier de la organización Human Rights Watch (HRW) alertó de que la aplicación de ese decreto debilita la protección de líderes sociales.

“En pocas palabras: con el pretexto de una mayor eficiencia, el decreto limita la información para tomar decisiones sobre protección, coarta la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce la protección colectiva”, explicó Pappier en su cuenta de Twitter.

Según explicó el investigador, el decreto disolvió el Grupo de Valoración Preliminar, que estaba formado por diversos actores del Estado colombiano. Ello significa que hoy el principal insumo para decidir quién recibe protección proviene de los analistas de la Unidad Nacional de Protección, equipo conformado en su mayoría por expolicías y exagentes del DAS.

Dice Pappier que incluso hay zonas del país a las que los analistas de la UNP no pueden ingresar por problemas de seguridad. “Y a veces los analistas no cuentan con información detallada e integral sobre las distintos riesgos y vulnerabilidades en regiones remotas de Colombia”, sostuvo.

Del decreto habla de los artículos 12 y 13 que limitan la información sobre el análisis de riesgo a “entidades públicas”. Por ello, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que hace años es parte del comité para decidir las medidas de protección (CERREM), ya no puede tener una participación plenamente informada.

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