Video | Así opera la red de tráfico sexual descubierta en el parque de Lourdes, Bogotá

Los menores cobran $100.000 por sus servicios y posteriormente, entregan el 50 % de sus ganancias a los proxenetas. Se trataría de una red mucho mayor con presencia en al menos cinco ciudades del país

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Parque de Lourdes, en la
Parque de Lourdes, en la localidad bogotana de Chapinero. / Colprensa/Germán Enciso

Nelly Patricia Mosquera, experta en infancia y adolescencia y defensora de la niñez, denunció este martes Noticias Caracol la que sería una red de explotación sexual de menores de edad que estaría funcionando en el parque de Lourdes, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

La también exconcejal de la capital colombiana rechazó los hechos señalando para el informativo que “es repudiable la manera como estos delincuentes ofrecen servicios sexuales de menores de 16 y 17 años, que incluyen, licor y drogas”, por precios que inician desde los $100.000.

Mosquera lideró la investigación plasmada también a través de un video de YouTube grabado el 22 de octubre de este año, en el que se evidencia cómo los llamados ‘chulos’ o ‘tarjeteros’ se ubican en las diferentes esquinas del parque esperando a ser abordados por aquellos que quieren contratar el servicio de los menores.

En el material se escucha como un hombre entrevista al proxeneta, haciéndose pasar por un posible cliente para conocer la forma en la que operan: preferencias, disponibilidad y precios. Si bien este asegura estar disponible, también señala que está en capacidad de conseguir otros menores para una supuesta fiesta. El diálogo continúa 20 minutos después cuando estos últimos llegan.

/ Nelly Patricia Mosquera

De acuerdo con datos proporcionados en el mismo video, “cada menor cobra 100.000 pesos por sus servicios sexuales y esperan en las bancas del parque para posteriormente irse con el cliente a un hotel cercano”. El ‘chulo’ tendría entre 25 y 35 años de edad y hasta indica, sin sonrojarse, dónde vive para poder ser contactado con mayor facilidad.

Mosquera, por su parte, agregó que se trata de una red numerosa de jóvenes que se maquillan para parecer mayores de edad y que están en disposición para viajar a otras partes del país. De hecho, el señalado proxeneta le dice a su “cliente” que uno de sus “amigos” estaba en ese momento en Cartagena. Igualmente, la exconcejal asegura que este ‘tarjetero’ se queda con el 50 % de las ganancias de cada menor de edad.

“En Bogotá tenemos la triste historia en este video de ver cómo la sociedad, la familia y todos le hemos fallado a los niños en Colombia. En Bogotá en el parque Lourdes, los tenemos también en la Zona T, en el [barrio] Santa Fe. Sin ningún problema opera la red criminal aquí en la ciudad”, señaló la denunciante.

Según la misma, la muestra de Lourdes es el reflejo de un problema mucho mayor conocido como turismo sexual, que es cada vez más fuerte en Cartagena, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca y Bogotá. Este, señaló la experta, deja cifras cuando menos alarmantes: desde enero de 2019 hasta junio de 2021, se registran por lo menos 3.400 menores de edad víctimas de este flagelo. Sólo a 589 se les han restablecido sus derechos.

“Tenemos un desarrollo inmenso de turismo sexual. Cuando los clientes abordan a los niños, estos les preguntan si está bien su edad, entre los 15 y los 17 años. Cuando el cliente pide niños menores les dicen que tienen que esperar hasta que vengan de otras ciudades como pasa en Cartagena en la Torre del Reloj. En Antioquia lo tenemos en Medellín en el Parque Lleras”, le dijo Mosquera a Noticias Caracol.

La exconcejal también advirtió en su intervención que entre 2012 y 2019, el 80,8 % de los ingresos derivados de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes tenía que ver con adolescentes, seguido de la explotación a menores de edad entre los seis y los once años; mientras que el 3,8 % de ingresos corresponde a la comercialización de niños y niñas de la primera infancia (cero a cinco años).

Más preocupante aún, es el hecho de que sólo el 4,8 % de los casos denunciados entre 2019 y 2020 terminaron en condena, lo que indica una impunidad del 95,2 %. “Están pasando todos los tiempos, se vencen los términos, no judicializan a estas personas”, concluyó la defensora, señalando que la Policía dice no tener las capacidades físicas y económicas para actuar prontamente y “el ICBF no lo vemos en acciones contundentes contra esto. Nunca lo vemos adelantando una política pública clara”.

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