El exgobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz, fue condenado este miércoles por la Corte Suprema de Justicia a 9 años y 11 meses de prisión e inhabilitado para ejercer funciones públicas por supuestas alianzas con una organización dedicada a la minería ilegal en este departamento.

El exrepresentante a la Cámara fue sancionado por la Sala Especial de Primera Instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros y receptación, así como por su presunta complicidad en la contaminación ambiental por la explotación de un yacimiento minero.

“En la sentencia quedó aprobado que, en 2015, el entonces mandatario departamental llegó a un acuerdo para integrar una organización ilegal dedicada a la extracción y comercialización ilícita de minerales, con el fin de mantener una relación comercial y convenir la explotación de yacimientos de oro en los ríos Caquetá y Putumayo. Relación materializada en delitos ambientales contra el medio ambiente y los recursos naturales”, indicó la Corte Suprema.

En ese sentido, el máximo tribunal señaló que el exgobernador decidió aliarse con el jefe de una organización dedicada a la explotación ilegal de oro en este departamento al sur del país con el fin de brindarle patrocinio, protección, adquirir sus productos, asegurar parte de sus beneficios financieros y lucrarse de esta actividad ilegal, abandonando su responsabilidad frente a la comunidad.

En medio de las investigaciones se evidenció que el excongresista le compró oro al líder de esta organización criminal, la cual se camuflaba bajo la figura de una asociación legalmente constituida, en al menos tres oportunidades, y se encontró que el exmandatario compró maquinaria para facilitar la explotación aurífera, en nombre del departamento, incurriendo en detrimento.

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que la relación entre el exgobernador y la organización criminal “no fue sino la culminación de una serie de pactos a que se llegó cuando voluntariamente decidió integrarse a la organización que le proveía de oro a cambio de apoyo económico, técnico y de interferencia a la labor de las autoridades encargadas del control y combate de la minería ilegal y contaminante con el medio ambiente”.

Por último, el máximo tribunal señaló que las actividades extractivas que desarrollaban eran altamente perjudiciales para los ecosistemas debido a que la maquinaria utilizada, es decir dragas de alta capacidad, generan un impacto ambiental considerable.

Delitos Ambientales en Colombia

La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que creará una unidad contra la deforestación y demás crímenes ambientales en Colombia con el acompañamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Este anuncio lo dio el fiscal general, Francisco Barbosa, junto al representante en Colombia de Usaid, Lawrence J. Sacks, con el que firmó un memorando de entendimiento que busca robustecer la capacidad institucional para la investigación y judicialización de los responsables de crímenes ambientales en el país.

“Es un trabajo que reafirma el compromiso y la lucha a favor de nuestro medio ambiente y, al mismo tiempo, busca atacar la minería ilegal, la tala de árboles y la siembra de cultivos ilícitos que ha generado múltiples problemas en esta zona del país”, señaló el fiscal general durante el evento.

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