Desvío de más de $2.200 millones para atender menores y madres gestantes en el Chocó: Procuraduría formuló cargos a supervisor de contrato del ICBF

La Procuraduría General de la Nación profirió el pliego de cargos al contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Cristhian Aben Peña Rentería por presuntas irregularidades en la supervisión del contrato para la atención de menores de cinco años y madres gestantes del Programa De Cero a Siempre, firmado con la Fundación Obras de Misericordia (Funomiser).

El ministerio público cuestionó que Pena Rentería presuntamente no hubiera realizado de manera adecuada su labor de supervisión, vigilancia y control contable y administrativo sobre el contrato, lo que permitió el desvío de más de 2.233 millones sin que denunciara o informara de la situación a las directivas del ICBF.

Además, señala el organismo de control, al parecer el excontratista firmó cuatro certificaciones sobre la aprobación y ejecución de trabajos que facilitaron el desembolso de una parte de los recursos, acto que no correspondía a las acciones realizadas por la fundación. Para la Procuraduría, esta conducta habría vulnerado los principios de “transparencia, moralidad pública, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, eficacia y eficiencia” de sus funciones. Por los hechos, el ministerio público profirió dos cargos disciplinarios, calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.

Otro caso de corrupción en la institución fue denunciado el 29 de noviembre cuando la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la República identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del ICBF a supuestos beneficiarios durante la pandemia de la covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales. Las inconsistencias revelaron que los beneficiarios aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos. Además, reportaron que una madre recibió raciones para 172 hijos.

Una vez declarada la emergencia sanitaria por la covid-19, el programa de Canastas Nutricionales contrató operadores para realizar el suministro de raciones alimentarias a los hogares de niños entre cero y cinco años y madres gestantes registradas. Desde esa fecha, el Diario identificó que se entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes que están reportados como fallecidos en la base de datos de la Resgitraduría. Según la Contraloría, la cifra de estas entregas supera los $2.200 millones.

Además, en el departamento de Chocó se realizaron 37 entregas de raciones alimenticias a 16 menores reportados como fallecidos y en Nariño se confirmaron ocho entregas a dos menores de edad. La Diari también verificó que en varios departamentos, tutores recibieron raciones por múltiples beneficiarios. Así, en los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Abrego y El Carmen, en Norte de Santander, un adulto recibió beneficios para 195 menores de edad de los que aseguró ser el acudiente. En las planillas, también se identificó que un adulto aseguró ser tío político de 134 menores en Buenaventura, Valle del Cauca.

La Diari también generó 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a $12.087 millones. Esto generó que, durante mayo, junio y julio, se realizaran pocas o ninguna entrega. Uno de los casos identificados se presentó en Medellin, pues en junio y julio se debían reportar 2.691 raciones entregadas, pero solo se cumplió con una. Los resultados anteriores fueron obtenidos por la Diari a través de las planillas que entregan los operadores al ICBF y verificando la información con la Resgistraduría. En total, fueron 100 mil planillas diligenciadas a mano y en formato PDF.