¿Cómo fue la masacre de Mondoñedo mencionada por Carlos Antonio Lozada en su confesión?

La llamada masacre de Mondoñedo, ocurrida entre el 6 y 7 de septiembre de 1996, podría resultar clave en el esclarecimiento de quién asesinó al abogado y periodista Álvaro Gómez Hurtado en 1995, según lo que declaró el ahora senador Julián Gallo Cubillos. El excomandante de la guerrilla de las Farc, antes conocido con el alias de Carlos Antonio Lozada, confesó a El Espectador que fue él quien ejecutó la orden de asesinar a Gómez Hurtado y aseguró que dos de los que dispararon contra el político murieron en esa acción, por la cual fueron condenados algunos miembros de la Policía. Según el ahora senador, la fuerza pública se enteró antes, pero, al darse cuenta que los habían asesinado, decidieron callar.

La masacre

El viernes 6 de septiembre de 1996 los estudiantes de la Universidad Distrital Vladimir Zambrano, Jénner Mora, Juan Carlos Palacios y Arquímedes Moreno se citaron en la bolera El Salitre para discutir y acordar medidas de protección por un seguimiento que les estaba haciendo la fuerza pública, debido a que un miliciano las Farc le había informado a la Dijin que ellos pertenecían a la red urbana de esa guerrilla que un año antes, en mayo de 1995, había atacado una estación de Policía en Kennedy, al sur de Bogotá.

Sus cuerpos mutilados y después quemados fueron encontrados el día siguiente en el basurero Mondoñedo, cerca a la carretera que conduce del municipio de Mosquera a Soacha, en Cundinamarca. Otros dos estudiantes, Martín Alonso Valdivieso Barrera y Federico Quesada, también fueron asesinados, esta vez con arma de fuego, el 7 de septiembre en horas de la mañana. Quesada en el Barrio Argelia y Valdivieso en la localidad de Fontibón, al sur de Bogotá. Los seis jóvenes eran amigos.

Por las fechas de las muertes, el señalamiento previo por parte del miliciano y la relación entre los seis, se unificó la investigación.

El Juzgado 8 penal Especializado de Bogotá condenó en 2017 a 38 años de cárcel a seis exmiembros de la Policía por el secuestro y asesinato de los estudiantes. Al mayor (r) Héctor Édisson Castro se le impuso una pena de 40 años.

Al parecer, la unidad que lideraba Castro tenía un infiltrado en la guerrilla de las Farc, quien les facilitó los movimientos de los jóvenes para secuestrarlos y asesinarlos. Esta información la dio a conocer un policía de la Dijín que, en agosto de 2001, confesó que conocía a los responsables del hecho.

Los policías, entre ellos el mayor (r) Castro, se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y recibieron libertad transitoria y anticipada para que transcurriera el proceso. En noviembre de 2018 fueron noticia porque debían presentar los compromisos con la verdad, la justicia y la reparación, además de las propuestas para reparar a las víctimas.

Entre sus propuestas estaban algunas cartillas pedagógicas, dictar talleres sobre derechos humanos y un relato de lo que pasó ese fin de semana de 1996. Uno de los hermanos de los jóvenes dijo en la audiencia que era una falta de respeto. “La JEP les dio unos meses para que presentarán algo coherente, algo que realmente representara a las víctimas por el hecho cometido y lo que se demostró es que no traían nada, ninguna propuesta tenía lógica. ¿Cómo así que cartillas? ¿Los victimarios enseñando derechos humanos?”.

Por su parte, las víctimas pidieron actos de perdón público: una siembra de árboles en memoria de sus familiares, una campaña para rescatar animales de la calle, como solía hacer Jenner Mora, uno de los asesinados, además de un documental donde se pudiera contar lo ocurrido y festivales culturales en las comunidades donde vivían las víctimas.

Al parecer, la confesión de las Farc ante la JEP el pasado 3 de octubre sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, en el cual estarían involucrados dos de los estudiantes asesinados en 1996, se dio por presión de alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich (desertores del proceso de paz y ahora comandantes de las disidencias de las Farc), quienes amenazaron con exponer la verdad si Timochenko y Lozada no se retiraban del proceso de paz.

Ahora, la JEP tendrá que recoger las pruebas y, posiblemente, demostrar después de 25 años, quién cometió el magnicidio.