Rodrigo Paz ratifica el estado de excepción pese al levantamiento de los bloqueos en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que el estado de excepción continuará vigente en Bolivia pese al levantamiento de los bloqueos que paralizaron gran parte del país durante casi siete semanas. El mandatario argumentó que aún es necesario restablecer el orden y evitar que se repitan acciones similares en el futuro.

“Este estado de excepción continúa porque tenemos muchas cosas que ordenar”, afirmó el presidente y calificó la medida como “el instrumento legal” que “permite ordenar el país”.

En su primera evaluación pública tras la aplicación de la medida extraordinaria, el mandatario aseguró que la protesta culminó y que el país está retornando a la normalidad. “El bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país. Lo que nos queda es construir, desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de poder crecer”, afirmó.

La declaración se produce luego de que las carreteras del país quedaran expeditas tras operativos conjuntos de policías y militares para levantar los escombros, montones de tierra y otros obstáculos instalados en las rutas. Según reportes oficiales de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), desde el martes no se registran puntos de bloqueo activos en el país.

Consultado por los periodistas sobre posibles procesos contra quienes promovieron las medidas de presión, Paz evitó hacer referencia al tema: indicó que “la justicia es justicia” e insistió en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo con los distintos sectores sociales.

En ese sentido, el presidente anunció que convocará un “encuentro nacional por la unidad” en el que se presentarán las “iniciativas” para “reactivar la economía y aplicar el plan de Gobierno”.

Bolivia atravesó casi siete semanas de bloqueos de caminos que paralizaron el país, generaron pérdidas millonarias para varios sectores estratégicos y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustible e insumos básicos en la ciudad de La Paz, que estuvo prácticamente sitiada y enfrentó interrupciones en el transporte público y el servicio de recojo de basura.

La medida de presión fue impulsada inicialmente por indígenas del altiplano organizados en la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, a la que se sumaron la Central Obrera Boliviana, algunas juntas vecinales de la ciudad de El Alto y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que encabezaron las protestas en su bastión del Trópico de Cochabamba.

Los movilizados pedían la renuncia del presidente Paz, que asumió funciones hace siete meses, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente en contra de sus intereses.

Luego de 45 días de bloqueos, el sábado el Gobierno logró un acuerdo con la COB y horas más tarde firmó un decreto de estado de excepción —para desplegar a las Fuerzas Armadas a intervenir en los piquetes— que desincentivó las protestas de los demás sectores. “Por ahora un cuarto intermedio, no es rendirnos”, afirmó el expresidente Morales el lunes junto a los cocaleros que fueron los últimos en anunciar su repliegue.

Aunque no hay una cifra consolidada sobre las pérdidas económicas por los bloqueos, los daños son cuantiosos y las estimaciones de entidades industriales y de comercio exterior varían entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).