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Un nuevo caso de femicidio en Bolivia: sube a 43 las víctimas por este delito en lo que va del 2026

El último hecho ocurrió en la ciudad de La Paz, donde se concentra la mayor cantidad de feminicidios. La víctima falleció dos días después de haber sido agredida por su pareja

43 mujeres han sido víctimas de feminicidio en lo que va del año en Bolivia. Imagen referencial de una protesta contra la violencia de género.
43 mujeres han sido víctimas de feminicidio en lo que va del año en Bolivia. Imagen referencial de una protesta contra la violencia de género.
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El crimen de una mujer de 26 años en la ciudad de La Paz incrementó a 43 la cifra de feminicidios registrados en Bolivia en lo que va de 2026, según datos del Ministerio Público. El caso es investigado como feminicidio y el principal sospechoso es la pareja de la víctima, identificado como Adam K.C.L., de 26 años, fue detenido preventivamente por las autoridades.

La joven, Bianca G.R., también de 26 años; permaneció internada en el Hospital de Clínicas durante dos días tras sufrir una agresión en su domicilio que le provocó graves lesiones y el 21 de junio falleció debido a los daños. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una lesión del centro encefálico superior, acompañada de un hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea y traumatismo craneoencefálico cerrado.

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Inicialmente, la investigación se abrió por el delito de lesiones graves, pero tras conocerse los resultados forenses, la Fiscalía modificó la tipificación penal y pasó a procesar el caso como feminicidio. Las pesquisas continúan con la recopilación de pruebas, declaraciones y pericias para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

Activistas y familiares de víctimas de feminicidio realizan una manifestación contra la violencia machista, frente a los juzgados de El Alto (Bolivia).EFE/Martín Alipaz
Activistas y familiares de víctimas de feminicidio realizan una manifestación contra la violencia machista, frente a los juzgados de El Alto (Bolivia).EFE/Martín Alipaz

“Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del caso, inmediatamente inició las investigaciones y actualmente se realiza la colecta de elementos de convicción para garantizar que el presunto feminicida sea sometido a la justicia conforme establece la ley”, señaló el fiscal de La Paz, Luis Carlos Torrez.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de feminicidios del país, con 17 casos reportados este año. Le siguen las regiones de Santa Cruz con ocho, Cochabamba con seis y Oruro con cinco. En tanto, Potosí, Chuquisaca y Tarija registran dos casos cada uno, mientras que Beni reporta uno.

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En Bolivia, el feminicidio está sancionado por la Ley 348, vigente desde 2013, que establece una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto para quienes sean hallados culpables de este delito. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han señalado reiteradamente que persisten dificultades en la aplicación de la ley, especialmente en las etapas de prevención, investigación y acceso a la justicia.

Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, capital de Bolivia.
Foto: TSJ

Las cifras muestran que la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los principales desafíos para el sistema judicial boliviano: en 2025 se registraron 81 feminicidios en el país, mientras que ese mismo año se contabilizaron más de 46.000 delitos en la Ley 348. Entre ellos, la violencia familiar o doméstica concentró la mayor parte de los casos atendidos por el Ministerio Público.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 348, Bolivia ha acumulado más de 1.200 feminicidios, según reportes de instituciones y organizaciones que monitorean la violencia de género.

Ante la incidencia de este delito, en noviembre de 2025 se promulgó la Ley 1680 que establece un sistema de protección integral y reparación para los menores de edad que quedan huérfanos a consecuencia de feminicidios. La norma contempla apoyo económico, acceso prioritario a servicios de salud y educación, atención psicológica, acompañamiento social y mecanismos para resguardar los derechos patrimoniales de los beneficiarios.

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