Conmoción en Chile por el presunto tráfico de niños haitianos: “Es necesario saber con urgencia dónde están”

Luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público abrió el lunes pasado una investigación por el presunto tráfico de decenas de niños y adolescentes haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárter, bajo la figura de “reunificación familiar”, acompañados de 12 “tutores legales” con quienes no tenían lazos consanguíneos, paradero de la mayoría de ellos que actualmente aún se desconoce.

El asunto tiene de cabeza a dichas reparticiones, pero también al Gobierno, la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) y el Registro Civil, y hasta la Unicef aseguró que “es necesario saber con urgencia dónde están”, advirtiendo una posible vulneración de sus derechos y pidiendo verificar sus actuales condiciones de vida.

Mediante un comunicado, desde la fiscalía señalaron que la Contraloría identificó “que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC), cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, advirtieron.

Esa noche, el presidente José Antonio Kast publicó en su cuenta de X que “la denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

Cifra indeterminada de niños

El martes, el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, admitió que el número de afectados podría elevarse al doble y aseguró derechamente que la oficina que dirige investiga también la presunta colaboración de funcionarios del Estado en lo que podría ser una verdadera red de trata de menores.

“Fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200 (niños), pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación”, señaló el fiscal en entrevista con Expreso Bío Bío.

El persecutor también reconoció que no saben quién pagó los vuelos chárter y recordó que “la ley chilena castiga con severidad la trata de personas, particularmente cuando son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad” .

“La unidad que dirijo, la Unidad Anticorrupción, se aboca, entre otros delitos, a los delitos de funcionarios. Aquí vemos que está la Dirección General del Registro Civil, que tiene que aportar muchos antecedentes sobre esta investigación; el Servicio Nacional de Migraciones; la Subsecretaría de la Niñez; la Policía de Investigaciones de Chile (...) Todas estas instituciones están conformadas por funcionarios públicos. Va a ser obviamente un foco de la pesquisa si existe o no intervención de particulares, pero también de funcionarios públicos que pudieron dejar de cumplir su deber o que eventualmente pudieron haber recibido algún tema de dádiva o promesa”, afirmó Campos.

En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia declaró escuetamente que el paradero de los menores presuntamente afectados “es parte de la investigación”.

“Ésta tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas que se hayan visto afectadas, si se ha cometido o no se ha cometido delitos, y en caso de que haya ocurrido, quiénes son sus autores”, cerró Valencia.

El pronunciamiento de la Unicef

Al día siguiente, desde la Unicef también se pronunciaron al respecto, tildaron el asunto como “grave” e hicieron un llamado a investigar con “celeridad” las circunstancias de este hecho.

“Ante las denuncias públicas sobre la situación que afectaría a un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, UNICEF está solicitado a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes (...) Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”, señalaron mediante un comunicado.

“Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”, agregaron.

Al cierre, recalcaron que es necesario “saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.

Por su parte, el exdirector de Migraciones, Luis Thayer, salió al paso de las críticas y recordó que su oficina presentó en 2023 varias denuncias al respecto ante el Ministerio Público, contra agencias de viaje y aerolíneas por presuntos vínculos con redes de tráfico de personas, al igual que la Defensoría de la Niñez, que en ese mismo emitió diferentes oficios advirtiendo la falta de protocolos de enrolamiento y registro biométrico y una “insuficiencia de la respuesta estatal” frente a niños migrantes, proponiendo una mesa técnica que finalmente no llegó a buen puerto.

Los primeros niños encontrados

La mañana del jueves, el Gobierno instaló una fuerza de tarea interministerial para abordar el asunto y distribuyó entre los municipios una lista con 64 menores de edad reportados por la Contraloría cuyo paradero se desconocía, 9 de los cuales fueron localizados ese mismo día en las comunas capitalinas de Estación Central y Graneros, tal como informaron sus propios alcaldes.

El primero de ellos, Felipe Muñoz, detalló que funcionarios de la Oficina de la Infancia encontraron a siete menores en distintas viviendas de la comuna.

“Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza (...) Están hacinados, pero tienen donde dormir”, afirmó a T13.

Por su parte, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, señaló que hallaron a dos de nueve niños que dieron como domicilio cuando entraron al país una vivienda en su comuna.

“Hoy hemos encontrado a dos de ellos (...) Están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero de todos estos niños”.

Republicanos emplazan a Boric

Las repercusiones políticas tampoco se hicieron esperar y aunque el Gobierno aseguró que no están buscando culpables -al menos por ahora-, diputados del Partido Republicano (PR) emplazaron en bloque al expresidente, Gabriel Boric, a pronunciarse al respecto, toda que vez que la entrada irregular de estos niños y niñas ocurrió bajo su administración.

“En su gobierno ingresaron menores de edad de forma ilegal a Chile y ¿ninguna alerta fue capaz de entregarse a él? ¿Dónde estuvieron sus ministros del Interior?, ¿su ministro de Seguridad?”, criticó Álvaro Carter.

De la misma opinión fue Fernando Ugarte, quien sostuvo que “esto ocurrió bajo su administración, mediante decisiones de sus directores. Él debe asumir la responsabilidad política”.

Por su parte, Stephan Schubert acusó que al exmandatario le ha gusta “criticar al actual Gobierno, pero cuando más se necesita saber su opinión, se queda mudo”.

Finalmente, Leandro Kunstmann afirmó que acá no existe “exageración, ni irracionalidad alguna. Acá lo único irracional es que su gobierno no fue capaz de realizar una trazabilidad de niños que venían de otro país”, remató.

Aparecen más niños

La noche del viernes, la ministra de Desarrollo Social, María Jesus Wulf y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, confirmaron que con el correr de las horas más niños han ido apareciendo.

“Hemos encontrado a 33 que están viviendo con familia vinculante, padre, madre, hermanos; jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en la red de salud”, informó Cerna.

De paso, el jefe de la PDI dejó en claro que todos los menores buscados entraron al país con sus documentos en regla.

“Ningún menor, como se quiso hacer saber, como que llegó al aeropuerto, pasó y salió como si fuese cualquier adulto en un control migratorio”, afirmó.

Ello, puesto que el protocolo indica que “el oficial a cargo de la fiscalización hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe, que se relacione con los documentos que trae y la autorización que ha sido solicitada, y firma el adulto y el oficial de la PDI que hace esa entrega”.

Al cierre, la ministra Wulf agradeció el apoyo de todas las instituciones del Estado involucradas y recalcó que “esta no es la hora de la política, ni de la búsqueda de culpables, ni responsables. Es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes”, manifestó.

“Hacemos un llamado a seguir trabajando no solo para enfrentar esta crisis en particular que afecta a los niños haitianos, sino también para avanzar en medidas preventivas para proteger y resguardar a los niños de nuestro país”, remató la secretaria de Estado.

Mientras tanto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte avanza con la indagatoria penal por los presuntos delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.