El Gobierno de Brasil destinará USD 2.241 millones a un nuevo programa de combate al crimen organizado

Brasil anunció este martes una inversión de 11.000 millones de reales (2.241 millones de dólares) para intensificar la lucha contra el crimen organizado. La medida fue presentada como respuesta al aumento de la violencia y la presión social por mayor seguridad. El nuevo programa, Brasil contra el Crimen Organizado, tiene cuatro ejes: debilitamiento financiero de las bandas, refuerzo del sistema penitenciario, mejora de la investigación de homicidios y combate al tráfico de armas.

De la inversión total, 10.000 millones de reales (2.038 millones de dólares) provendrán de líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la banca de desarrollo pública brasileña, mientras que el resto será financiado con fondos del presupuesto federal.

La estrategia incluye la modernización de 138 prisiones a nivel nacional. Se instalarán drones de vigilancia, escáneres corporales y bloqueadores de señal de celular, junto con la creación de áreas específicas dentro de las cárceles para aislar a los líderes criminales y evitar que sigan coordinando actividades ilícitas desde el interior.

Durante la presentación en São Paulo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que las organizaciones criminales “en poco tiempo no serán más dueñas de ningún territorio”. Lula condicionó el éxito del plan a una mayor articulación entre la Policía Federal y el Poder Judicial, señalando que existen quejas por la liberación de detenidos apenas días después de su arresto.

El mandatario también señaló que el alcance del crimen organizado va mucho más allá de las zonas marginadas: “El responsable muchas veces está en el piso de arriba, con corbata y tomando whisky; y llegaremos allí”.

En el marco de su última reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente brasileño presentó una propuesta formal de cooperación bilateral contra el crimen transnacional, destacando que “Brasil tiene experiencia” en este terreno al justificar la iniciativa diplomática.

A pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre, la seguridad pública domina la agenda política. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y principal contendiente de Lula, ha centrado su precampaña en el endurecimiento de las penas contra el crimen organizado, tomando como referencia el modelo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.

En ese clima, el Congreso Nacional brasileño aprobó la Ley Antifacción, un marco legal autónomo orientado a combatir organizaciones extremadamente violentas, milicias y grupos paramilitares. La norma fue propuesta originalmente por el Ejecutivo, pero la oposición introdujo modificaciones para endurecer las sanciones antes de su aprobación definitiva.

La ley fija penas de 20 a 40 años de prisión por delitos como dominio territorial, ataques con explosivos, bloqueo de vías y reclutamiento de menores. Para los jefes de estas organizaciones, las condenas pueden extenderse hasta 66 años. Los crímenes contemplados son calificados como intolerables, lo que restringe el acceso a beneficios penitenciarios y agrava las condiciones de cumplimiento.

(Con información de EFE)