El administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, visitó el sábado Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y los principales responsables de seguridad del país, en una jornada que subrayó el peso de la alianza bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los encuentros tuvieron lugar en Guayaquil, la mayor ciudad del país y epicentro de la violencia criminal que azota al Ecuador desde hace tres años.
La Embajada de Estados Unidos en Quito confirmó la visita y precisó que Cole también se reunió con el ministro del Interior, John Reimberg, y con altos mandos de las cúpulas militar y policial. En los encuentros se analizaron estrategias para profundizar la cooperación antidrogas y reforzar las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional. Noboa señaló en sus redes que ambos países “suman esfuerzos” para enfrentar esas amenazas.
La visita se produce en el momento de mayor intensidad de la relación de seguridad entre Quito y Washington en al menos tres décadas. Desde diciembre de 2025, personal de la Fuerza Aérea estadounidense opera de forma temporal en la base de Manta, bajo el amparo del Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y otros acuerdos suscritos durante el gobierno de Guillermo Lasso y ratificados por Noboa en 2024. En marzo de 2026, el Comando Sur difundió imágenes de una operación conjunta nocturna contra instalaciones del grupo delictivo Comandos de la Frontera. A esa presencia se suma el intercambio de inteligencia y el entrenamiento de unidades locales.
Ecuador llegó a ese punto de estrecha colaboración tras convertirse en escenario de una crisis de violencia sin parangón. El país cerró 2025 con una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, según el organismo de monitoreo ACLED. El total de asesinatos superó los 9.200, frente a los 7.063 de 2024 y los 8.248 de 2023. Nueve de cada diez casos guardan relación con la violencia criminal, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, y la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentró casi la mitad de los homicidios.
La escalada tiene raíces estructurales. Ecuador pasó en la última década de ser un país de tránsito para la cocaína andina a convertirse en un nodo logístico del narcotráfico global, con bandas como Los Choneros y Los Lobos disputándose el control de puertos y rutas de exportación. La captura en 2025 de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, no contuvo la violencia: según ACLED, aceleró la fragmentación de los grupos y desató nuevos enfrentamientos, sobre todo en la provincia de Manabí.
La respuesta de Noboa pivotó sobre la militarización. En enero de 2024 declaró un conflicto armado interno y desplegó el Ejército en calles y cárceles. En noviembre de 2025 buscó autorización ciudadana, mediante referéndum, para instalar bases militares extranjeras permanentes, pero cerca del 60% de los votantes la rechazó. El gobierno optó entonces por intensificar la cooperación bajo los marcos legales vigentes, que permiten presencia temporal sin necesidad de reformar la Constitución.
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado sitúa a Ecuador en el cuarto puesto mundial de su índice de crimen organizado, con una calificación de 7,48 sobre 10. Para Washington, el país andino es hoy su principal socio antidrogas en la región, papel que Noboa ha cultivado como eje de su política de seguridad y que la administración Trump ha correspondido con una escalada operativa en el Pacífico sur que no tiene precedente desde el cierre de Manta hace dieciséis años.
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