
Luego de un reportaje transmitido por T13, la Fiscalía Regional de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) confirmó que lleva a cabo una investigación en contra de la senadora Camila Flores (RN) por presunto fraude al fisco, tras una denuncia anónima presentada en octubre del año pasado en la que se la acusaba de quedarse con una parte del sueldo de sus trabajadores, salarios que son pagados por el Estado.
Mediante un comunicado, desde el Ministerio Público informaron que “la denuncia fue informada oportunamente al Consejo de Defensa del Estado”, abriéndose de inmediato diversas diligencias “para cuyo éxito se hizo indispensable decretar la reserva de las mismas, las que se encuentran actualmente en desarrollo”.
De acuerdo a la nota de T13, durante los ocho años que Flores fungió como diputada (2018-2025), habría implementado un sistema para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias.
En simple, la actual senadora les pagaba un sueldo, pero les “cortaba la cola” y pedía que le devolvieran al contado una fuerte suma, la que era llamada por sus propios colaboradores como “la cuota Flores”, defraudando de esa manera unos $300 millones (unos USD 338 mil).

Las pruebas
Según el reportaje, Yolanda Olfos, secretaria de Flores, tendría un rol clave en dichas tratativas y varios mensajes de texto darían cuenta de ello:
-Olfos: Hola (...) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina.
-Testigo reservado: Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo.
Otra conversación es aún más decidora y en ella se habla de montos específicos.
-Olfos: ¿Cuánto saca líquido?
-Testigo reservado: En febrero $1.550.851
-Olfos: (La entonces diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?
-Testigo reservado: ¿Y en cuánto quedará al final el sueldo total? ¿$1.200.000 para usted?
-Olfos: Mensaje eliminado.
-Testigo reservado: No, mi consulta es si ¿usted necesitará más del millón?
Sin embargo, la acusación también tiene nombres y apellidos, como el caso del trabajador Julio Alejandro Lillo, “contratado por un monto mensual de $2.640.939, (quien) entrega regularmente $1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales”, según reza un documento de la fiscalía al que accedió T13.

“Acusaciones sin sustento”
Una vez conocida la noticia, la senadora Flores salió al paso de las acusaciones asegurando que no tiene nada que ocultar y que “colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”, según consignó La Tercera.
La parlamentaria sostuvo, eso sí, que no está al tanto aún de los antecedentes de la causa, aunque “por la información disponible, se trataría de una denuncia anónima, en el marco de la cual ya se han realizado diligencias que involucran a terceros. Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”, cerró Flores.
En tanto, desde el partido donde Flores milita, Renovación Nacional, emitieron un comunicado en el que reafirmaron su “compromiso irrestricto con los principios de transparencia, probidad y responsabilidad pública, los cuales deben guiar el actuar de todos quienes ejercen funciones de representación”.
“En ese contexto, esperamos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad, llevando adelante una investigación que permita esclarecer los hechos denunciados“, agregaron.
Asimismo, “hemos tomado contacto con la senadora, quien se comprometió a colaborar con la justicia para que todos estos hechos fueran aclarados en el más corto plazo posible”, complementaron.
Finalmente, desde la colectividad oficialista reiteraron “nuestra convicción de que el fortalecimiento de la confianza pública exige que toda situación de esta naturaleza sea abordada con seriedad, respeto a las instituciones, a la presunción de inocencia y pleno apego al Estado de Derecho“.
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