La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) concluyó, tras analizar datos criminológicos de Uruguay, que el país atraviesa un momento de “consolidación de la violencia homicida”, que se produjo por el aumento de las bandas criminales dedicadas a la comercialización de drogas. La conclusión es que el país atraviesa un momento “complejo” y que será difícil salir si el asunto no se aborda desde distintos ángulos.
Un dato que refleja cabalmente esta conclusión es la cantidad de homicidios que hubo en 2025: fueron 369, lo que se traduce en una tasa de 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes. Se trata de un “nivel elevado de violencia letal” y están inscritos en una tendencia que, “lejos de mostrar una reversión estructural, evidencia una estabilización en un piso alto”. Estos datos ubican al país en una posición intermedia con respecto a la región.
Los asesinatos en el país se concentran principalmente en Montevideo y, en particular, hay siete zonas con una “alta concentración homicida”. Estas incluyen los siguientes barrios: Casavalle, Nuevo Ellauri, Plácido Ellauri y Piedras Blancas; Maracaná; Casabó, Cerro Norte y Villa del Cerro; La Teja y Tres Ombúes; Villa Española; y Malvín Norte.
Las características de las bandas criminales uruguayas
El estudio también hizo un análisis cualitativo de la violencia homicida y describió las bandas criminales. Señala que en el país hay bandas criminales que operan en Montevideo y parecerían presentar “rasgos organizativos y operativos homogéneos, con variaciones que podrían estar más asociadas al control territorial que a niveles diferenciados de sofisticación estructural”.
“No se observarían, al menos en esta etapa del estudio, organizaciones jerárquicas complejas asimilables a carteles transnacionales, sino estructuras criminales de escala local, caracterizadas por su flexibilidad, fragmentación y fuerte anclaje barrial”, describe el informe.
Las bandas criminales uruguayas se caracterizan por tener una “fuerte territorialización y disputa de microespacios urbanos”, lo que significa que ejercen un “control informal” sobre espacios territoriales delimitados. Además, las estructuras que tienen son “simples y poco profesionalizadas” porque predominan “esquemas de liderazgo personalista, con un jefe o referente central y un círculo reducido de colaboradores directos”.
Estas bandas suelen tener un “uso intensivo, desordenado y delegativo de violencia”, lo que significa que hay “indicios de empleo de sicariato”. La consecuencia directa que esto tiene es que hay una “alta letalidad, balaceras indiscriminadas y un incremento del riesgo para terceros ajenos al conflicto”.
Otros elementos descritos por la fundación son la economía criminal “predominantemente orientada al microtráfico de estupefacientes, con diversificación delictiva” y la posible vinculación con “barras de equipos de fútbol”.
“Este enfoque analítico resulta consistente con los hallazgos obtenidos por FININT en trabajos previos sobre la caracterización de bandas criminales en la ciudad de Rosario, publicados durante 2024, donde se identificaron dinámicas organizativas similares en contextos urbanos atravesados por economías ilegales de baja y mediana escala”, concluye el informe.
Respecto a la comparación con Rosario, la fundación también señaló otras características similares.
“En los que bandas criminales relativamente fragmentadas disputan territorios y circuitos de microtráfico, generando niveles sostenidos de violencia homicida. Esta comparación no implica una equiparación automática de realidades, sino la búsqueda de regularidades que permitan comprender cómo determinadas configuraciones urbanas y criminales favorecen la reproducción de la violencia”, dice el estudio.
Las sugerencias para Uruguay
Más allá del comercio local del microtráfico, Uruguay también está expuesto a una “creciente” distribución en “circuitos globales de criminalidad organizada”, dicen los autores, en referencia a los cargamentos de cocaína que pasaron por el puerto de Montevideo y llegaron a Europa.
Esto hace que el fenómeno analizado sea “complejo” porque en este convergen varias dimensiones: criminales, sociológicas, culturales, económicas y territoriales. La “violencia homicida” que se genera por los enfrentamientos entre bandas es la manifestación más visible del problema, pero en el fondo hay un “entramado más amplio que requiere comprensión integral y tratamiento estratégico”.
La fundación sugiere la “elaboración de un plan de seguridad” –en línea con lo que prepara el gobierno– , pero que contemple la “multidimensionalidad” del sistema.
“Uruguay requiere un abordaje serio, profesional, técnico y pragmático, orientado a resultados concretos. Cualquier plan de seguridad pública deberá ser implementado, evaluado y ajustado de manera permanente en función de su desempeño real, con capacidad de adaptación dinámica frente a un adversario que también evoluciona”, sugiere la fundación, luego de advertir que “no existen recetas mágicas”.
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