Asesinatos de periodistas y auge de las “zonas silenciadas”: crece la preocupación en Ecuador por la violencia contra la prensa

Ecuador descendió en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa en un contexto marcado por asesinatos de periodistas, agresiones sistemáticas y la expansión de territorios donde informar se ha vuelto cada vez más riesgoso. El retroceso refleja un deterioro del entorno informativo que combina violencia criminal, presión institucional y restricciones indirectas al ejercicio periodístico, factores que organizaciones de monitoreo consideran una señal de alerta para la calidad de la democracia en el país.

El Índice Chapultepec —elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)— evalúa las condiciones de libertad de expresión en el continente a partir de tres dimensiones: ciudadanía informada y libre de expresarse, actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y control de medios y periodismo. En su edición correspondiente al período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, Ecuador obtuvo 38,42 puntos sobre 100, lo que lo ubica en la categoría de “alta restricción” a la libertad de expresión.

El puntaje ecuatoriano se encuentra por debajo del promedio regional de 47,13 puntos y lejos de países con mejores indicadores, como República Dominicana (82,17), Chile (77,22) o Canadá (74,48). El índice muestra además que el desempeño más débil del país se registra en la dimensión relacionada con la respuesta estatal frente a la violencia contra periodistas, donde Ecuador obtiene apenas 9,35 puntos de un máximo de 40 posibles.

Este resultado refleja un contexto particularmente complejo para el periodismo. Según el monitoreo de libertad de expresión, elaborado por Fundamedios, en 2025 se documentaron 230 agresiones contra periodistas y medios en 22 provincias del país. El registro incluye 59 ataques físicos, cinco asesinatos de periodistas y al menos 16 comunicadores que se vieron obligados a abandonar sus ciudades o salir del país entre 2023 y 2025 por amenazas relacionadas con su trabajo.

La violencia contra la prensa no proviene únicamente de organizaciones criminales. Del total de agresiones documentadas en 2025, 114 fueron cometidas por agentes estatales, 68 por actores no estatales, 16 por estructuras criminales y 32 por agresores no identificados. Las agresiones estatales incluyen restricciones al acceso a información pública, procesos judiciales, actos de censura y discursos estigmatizantes contra periodistas.

En la práctica, estos factores generan un efecto inhibidor en la cobertura periodística, especialmente en temas sensibles como seguridad, crimen organizado o corrupción pública. Investigaciones locales señalan que en algunas regiones los periodistas han optado por omitir nombres, reducir coberturas o abandonar investigaciones por temor a represalias.

Uno de los fenómenos que más preocupa a las organizaciones de libertad de prensa es la aparición de lo que se denomina “zonas silenciadas”: territorios donde el riesgo de violencia o intimidación es tan alto que la cobertura informativa se reduce drásticamente. La región costera, particularmente las provincias de Santa Elena, Esmeraldas y El Oro, se ha convertido en el principal foco de estas dinámicas.

En esos territorios, donde el crimen organizado ha consolidado presencia territorial, el periodismo enfrenta amenazas directas, ataques físicos y presiones para limitar la publicación de información. En algunos casos, además, se han identificado mecanismos digitales para retirar contenidos críticos, como denuncias estratégicas por supuestas infracciones de derechos de autor.

El deterioro del entorno informativo ocurre en paralelo a un proceso político en el que Ecuador ha reiterado formalmente su adhesión a principios hemisféricos de libertad de expresión. En 2024, el presidente Daniel Noboa firmó el Compromiso de Salta y ratificó la Declaración de Chapultepec, instrumentos promovidos por la Sociedad Interamericana de Prensa que establecen principios para la protección de la libertad de prensa y el derecho a la información.

La paradoja es evidente: mientras el país reafirma su compromiso con estos estándares internacionales, los indicadores regionales muestran un deterioro en las condiciones reales para ejercer el periodismo.

El Índice Chapultepec también analiza la influencia de los entornos legislativo, judicial y ejecutivo sobre la libertad de expresión. En el caso ecuatoriano, el entorno ejecutivo aparece como el factor con mayor influencia desfavorable, seguido por los ámbitos legislativo y judicial. Este resultado sugiere que las condiciones políticas e institucionales del Estado influyen significativamente en el deterioro del entorno informativo.

Además de la violencia directa, el informe sobre la situación de la prensa identifica otros factores que afectan el ejercicio periodístico: judicialización estratégica, restricciones al acceso a información pública, estigmatización discursiva y mecanismos de silenciamiento digital. En conjunto, estos elementos configuran lo que los investigadores describen como un “entorno híbrido de riesgo”.

Este concepto se refiere a un escenario donde convergen distintas presiones: criminales, institucionales y digitales que erosionan progresivamente la libertad de prensa sin necesariamente implicar censura formal.

El deterioro del entorno informativo tiene implicaciones que van más allá del sector periodístico. Organismos internacionales, como la CIDH o la ONU, han advertido que la libertad de expresión es un componente central de la calidad democrática, porque garantiza el acceso de la ciudadanía a información plural y permite el control social sobre el poder.

Cuando los periodistas enfrentan violencia, censura o intimidación, la consecuencia no es solo la autocensura individual. También se reduce la capacidad de la sociedad para conocer abusos, corrupción o decisiones públicas que afectan la vida colectiva.

Uno de los casos más emblemáticos del deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Ecuador es el asesinato de Robinson Del Pezo. El comunicador fue asesinado en Guayaquil en 2023 en un ataque armado que, según organizaciones de libertad de expresión, evidenció el nivel de vulnerabilidad en el que trabajan muchos periodistas que investigan temas sensibles vinculados con seguridad, corrupción y crimen organizado. Su muerte se convirtió en un símbolo de la escalada de violencia contra la prensa y de los riesgos que enfrentan quienes cubren la conflictividad social y política del país.

Un informe posterior sobre el caso lo definió como “un crimen contra la palabra”, al señalar que el asesinato de Del Pezo no solo silenció a un periodista, sino que envió un mensaje intimidatorio al resto del gremio. La persistencia de la impunidad en este tipo de crímenes alimenta el clima de miedo que rodea al periodismo ecuatoriano y refuerza la autocensura, especialmente en zonas donde el crimen organizado tiene fuerte presencia y donde investigar o publicar información crítica puede tener consecuencias letales.

En el caso ecuatoriano, el descenso en el Índice Chapultepec refleja precisamente esa preocupación: un país donde el riesgo para informar aumenta y donde la cobertura de temas críticos se vuelve más difícil.

En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios, han planteado la necesidad de fortalecer mecanismos de protección para periodistas, mejorar los sistemas de monitoreo de agresiones y garantizar estándares no discriminatorios en el acceso a información pública. También se ha señalado la importancia de reforzar la alfabetización mediática y combatir la desinformación, factores que pueden agravar la vulnerabilidad del ecosistema informativo.