El gobierno de Bolivia autorizó este lunes, mediante decreto supremo, la suscripción de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares para financiar el “Programa de fortalecimiento del sistema de protección social en Bolivia”.
Según un comunicado del organismo, los recursos permitirán la creación de un nuevo registro social de hogares, una herramienta que estará destinada a optimizar la asignación de recursos públicos.
Este mecanismo tiene por objetivo garantizar una gestión más transparente, fortalecer el sistema de transferencias directas y permitir una mejor atención de las familias al utilizar criterios técnicos para distribuir los recursos. Se estima que el programa beneficiará a más de un millón de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.
El contrato será suscrito por el ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, y posteriormente será remitido a la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación.
Durante una visita a Bolivia en enero, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó los proyectos de cooperación en áreas de desarrollo y anunció créditos de hasta 4.500 millones de dólares para el periodo 2026-2028. “Estamos para trabajar junto con ustedes en el futuro de Bolivia”, manifestó Goldfajn en la que fue la primera misión oficial de un presidente del BID en 15 años.
“Estos recursos son para todos los bolivianos. Cada dólar, cada recurso que llegue a Bolivia a través del BID, tendrá una contraparte de transparencia en los procesos de construcción y desarrollo de la patria”, manifestó el presidente Rodrigo Paz tras el anuncio de Goldfajn.
A pesar de que durante la campaña electoral Paz descartó acudir a organizaciones multilaterales de financiamiento externo, en los primeros cuatro meses de su gobierno se avanzó en negociaciones con organizaciones como el BID, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF, para enfrentar la crisis económica y la escasez de divisas en Bolivia.
Según reportes de prensa, se calcula que hay cerca de 7.000 millones de dólares gestionados a través de diferentes créditos internacionales.
El primero fue otorgado por la CAF, en el marco de un compromiso de 3.100 millones de dólares para los próximos cinco años, de los cuales una parte —450 millones de dólares— fue desembolsada en diciembre. “Esos dólares no están sangrando, no están saliéndose a pagar combustibles, sino que ahora tenemos la posibilidad de retenerlos un poco más en el Banco Central y, por lo tanto, ya iniciamos el proceso de reconstrucción de las reservas internacionales”, afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, al anunciar el primer desembolso.
Espinoza señaló que los financiamientos externos ayudarán a aliviar la presión sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) y ampliarán el margen de maniobra para la gestión económica del país, en un escenario de ajuste y reordenamiento de las finanzas públicas.
Bolivia atravesó en los últimos años una crisis económica originada en la caída de la producción del gas y la reducción de los ingresos provenientes de su exportación. A inicios de 2023, la desaceleración económica que había iniciado una década atrás comenzó a evidenciarse con claridad en las calles: escasez de dólares, periodos de escasez de combustible y un aumento sostenido en los precios de alimentos y otros productos básicos.
En ese contexto, la administración de Paz —que asumió funciones en noviembre— anunció una serie de reformas orientadas a recuperar la economía del país, como la eliminación del subsidio a los combustibles que se concretó en diciembre, la apertura a mercados internacionales y el acceso a créditos internacionales, entre otros ajustes.
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