Ecuador: transportistas amenazan con paralizar el servicio si el Gobierno no extiende las compensaciones

La posibilidad de una paralización del transporte público vuelve a instalarse en Ecuador. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) advirtió que, si el Gobierno no extiende la compensación económica otorgada tras la eliminación del subsidio al diésel, los transportistas “guardarán las unidades”, lo que en la práctica implicaría la suspensión del servicio interprovincial e intraprovincial en todo el país. La mañana de este 27 de febrero, el presidente Daniel Noboa confirmó en una entrevista radial que el ministro de Transporte mantiene reuniones con los dirigentes del sector para buscar una salida.

El gremio solicitó formalmente la ampliación de las transferencias que el Ejecutivo implementó desde septiembre de 2025, luego de que se eliminara el subsidio al diésel y el precio del combustible se incrementara de forma significativa. Esa compensación, que tenía un plazo definido, culmina en febrero de 2026, lo que ha encendido las alertas en el sector.

Según reportó Primicias el 26 de febrero de 2026, Fenacotip anunció una reunión con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, prevista para este 27 de febrero en Guayaquil. El objetivo del encuentro es obtener una definición oficial sobre la continuidad de los pagos. “Si el Gobierno no toma una decisión, automáticamente guardaremos las unidades”, señaló Abel Gómez, presidente del gremio, de acuerdo con ese reporte.

El acuerdo vigente estableció montos diferenciados según el tipo de servicio. Para el transporte interprovincial se fijó una transferencia mensual de USD 1.800 por unidad durante seis meses; para el intraprovincial, USD 1.000 mensuales por seis meses; y para el intercantonal, entre USD 400 y USD 700 por unidad durante ocho meses. Estas cifras buscaban compensar el impacto del incremento del diésel en la estructura de costos operativos.

Gómez sostuvo que la última revisión tarifaria del transporte público se realizó cuando el diésel costaba USD 1,47 por galón, mientras que posteriormente subió a USD 1,80 y actualmente se ubica en USD 2,70, lo que —según el dirigente— hace inviable la operación sin un mecanismo de alivio. En Ecuador operan aproximadamente 12.500 buses entre servicios interprovinciales e intraprovinciales, de los cuales el 85 % habría recibido la compensación acordada, añadió el gremio.

El sector plantea tres escenarios: extender la compensación actual mientras se diseña una política estructural; aplicar una focalización del combustible, es decir, un precio diferenciado del diésel exclusivamente para transportistas; o revisar las tarifas del pasaje mediante un nuevo cálculo por kilómetro recorrido que incorpore costos directos e indirectos. Sin embargo, el propio gremio considera poco viable en el corto plazo tanto un alza de pasajes, como la focalización inmediata, debido a los rezagos administrativos y técnicos.

La advertencia de “guardar las unidades” tiene un peso político y social considerable. En Ecuador, el transporte terrestre de pasajeros es un servicio estratégico para la movilidad interprovincial y el acceso a empleo, educación y servicios básicos, especialmente en zonas donde no existen alternativas ferroviarias o aéreas. Una paralización afectaría a miles de usuarios diarios y podría tener efectos en la cadena productiva.

En ese contexto, el presidente Daniel Noboa abordó el tema la mañana del 27 de febrero en una entrevista radial, en la que señaló que el ministro de Transporte se encuentra reunido con los transportistas para analizar la situación y evaluar opciones. Aunque no adelantó una decisión concreta sobre la extensión de los bonos, el mandatario indicó que el Ejecutivo busca evitar afectaciones a los ciudadanos y mantener la estabilidad fiscal.

El debate ocurre en un escenario fiscal complejo. La eliminación progresiva de subsidios a los combustibles ha sido parte de la estrategia gubernamental para reducir el déficit y ordenar las cuentas públicas, en línea con compromisos asumidos en el marco de acuerdos financieros internacionales. No obstante, cada ajuste en el precio de los combustibles tiene un efecto directo en sectores intensivos en consumo de diésel, como el transporte pesado y de pasajeros.