París, 14 abr (EFE).- Agentes de la Brigada Financiera Anticorrupción de la policía judicial francesa acudieron este martes al Elíseo en el marco de una investigación para determinar si se atribuyeron contratos para organizar ceremonias oficiales incumpliendo las reglas de las licitaciones.
Le Canard Enchaîné reveló esta operación de registro, con la que se trata de aclarar si la empresa Shortcuts Events recibió un trato de favor para que se le atribuyeran de forma continua durante 22 años la organización de las ceremonias de entrada en el Panteón de personalidades.
Cada una de esas ceremonias que se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 supusieron un costo para el Estado de unos dos millones de euros que se llevaba la compañía.
La policía judicial está analizando en particular los contratos firmados con esa compañía, que se hizo con la organización de esos eventos durante este largo periodo, para intentar esclarecer si hubo alguna infracción a las normas de los mercados públicos.
Fuentes citadas por Le Figaro señalaron que, siguiendo las demandas del juez instructor, durante el registro se entregaron voluntariamente a los investigadores unos ordenadores.
Un conocedor de estos procedimientos puntualizó al diario que el Elíseo colabora sistemáticamente cuando recibe alguna petición de la justicia, pero respetando el artículo de la Constitución que establece que el presidente de la República no es jurídicamente responsable de los actos realizados en el ejercicio de su mandato.
La inviolabilidad del jefe del Estado también conlleva que ninguna jurisdicción le puede solicitar mientras esté en funciones su testimonio en un procedimiento de información, de instrucción o de imputación.
Shortcut Events es una sociedad de eventos de una treintena de empleados que también se ha encargado de otras ceremonias públicas, como las de la inauguración en 2023 de la Ciudad de la Francofonía en Villers Cotterêts o la del 80 aniversario del desembarco de Normandía en junio de 2024.
El último registro policial en el Elíseo se había llevado a cabo el 25 de julio de 2018 cuando los agentes fueron al complejo que sirve de residencia oficial del presidente francés para escrutar la oficina que ocupaba Alexandre Benalla, que trabajaba en el gabinete del jefe del Estado, Emmanuel Macron. EFE
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